Desde el 15 de junio hasta el 23 de septiembre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) llevó a cabo 545 operativos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Estas acciones de control permitieron detectar y retirar de circulación a 68 vehículos que ofrecían servicios de taxi sin autorización en las inmediaciones del terminal aéreo. Solo en el mes de septiembre, 38 unidades fueron enviadas al depósito, mientras que en agosto la cifra alcanzó 23.
Según se informó, la estrategia de la ATU se enfoca especialmente en “horas punta” para garantizar la fluidez vehicular y evitar contratiempos a los pasajeros que necesitan abordar o descender de sus vuelos.
“Nuestras intervenciones se intensifican en los momentos de mayor movimiento con el objetivo de asegurar un entorno seguro y ordenado en la zona aeroportuaria”, indicó la entidad.
La fiscalización no solo implica la inmovilización de taxis informales sino que también se extiende a unidades con historial de sanciones.
De acuerdo a lo comunicado por la autoridad, 179 vehículos acumulan sanciones superiores a 8 millones de soles, mientras que una parte importante de las infracciones detectadas está relacionada con conductores sin la licencia de conducir reglamentaria.
Fiscalización vehicular en Lima y Callao
De forma paralela a la vigilancia en la terminal aérea, la ATU reportó la ejecución de más de 370 operativos contra el transporte informal en Lima y Callao durante el mes de septiembre.
El saldo de estas acciones fue el internamiento de más de 420 vehículos sin autorización, una cifra que evidencia el alcance de la fiscalización a nivel metropolitano.
Las medidas incluyeron la inspección de 171 conductores sorprendidos operando sin licencia y la detección de 25 unidades con antigüedad mayor a 20 años, lo que pone en entredicho la seguridad ofrecida a los pasajeros urbanos.
Según la ATU, los operativos se focalizan en puntos críticos previamente identificados donde la circulación de transporte informal acarrea riesgos tanto para la legalidad vial como para la integridad de los usuarios.
“Hemos constatado que la presencia de vehículos sin autorización o en mal estado representa un peligro para quienes se trasladan diariamente en Lima y Callao”, señaló la entidad en su última comunicación.
Las actas de fiscalización impuestas durante el periodo superaron las 800, y se calcula que un 85% de ellas responde a servicios de taxi y transporte público regular no autorizados.
El retiro de estos vehículos del sistema se asemeja a eliminar piezas defectuosas que afectan a toda la maquinaria; de este modo, se reduce el riesgo, se ordena la circulación y se protege a los pasajeros al limitar el acceso de choferes no aptos al sistema formal.
La ATU reafirmó mediante su comunicado que la seguridad y el orden en el sistema de movilidad urbana deben estar respaldados por normas estrictas y un esfuerzo continuo de fiscalización. Estas acciones buscan no solo sancionar, sino también garantizar que el transporte público y los taxis en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez cumplan con los estándares exigidos por las autoridades del sector.
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