Víctimas de trata desamparadas: Estado peruano destinó solo S/ 0,07 por persona para combatir delito en el último año

La trata de personas en Perú expone la falta de protección estatal para miles de víctimas, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, ante un delito que crece y se transforma, mientras el presupuesto público para combatirlo permanece reducido y las obligaciones legales sin cumplirse. Según información de CHS Alternativo, desde 2020 el Ministerio Público ha registrado más de 13 mil 600 víctimas de este delito, el cual impacta en los sectores más vulnerables de la población.

La asignación de recursos por parte del Estado para enfrentar la trata de personas resulta limitada en contraste con la magnitud del problema. En 2024, el presupuesto ejecutado ascendió a 2,6 millones de soles, equivalente al 0,001 % del Presupuesto General de la República y solo a 0,076 soles por persona al año.

De acuerdo con CHS Alternativo, el presupuesto inicial, que era de 21,8 millones de soles, “fue recortado sucesivamente” y apenas una fracción llegó a ejecutarse. Esta situación se traduce en una capacidad restringida de respuesta institucional. Asimismo, precisan que existe un Ministerio Público sin fondos suficientes para las operaciones básicas, una policía con recursos insuficientes.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, explicó que la reducción presupuestal afecta directamente la cobertura y calidad de los servicios que demanda la Política Nacional contra la Trata de Personas.

“La consecuencia es un Ministerio Público que no llega a fin de mes para cubrir sus operaciones, una Policía sin recursos para reparar sus vehículos y albergues sin fondos suficientes para atender a las víctimas”, declaró el director.

Además, solo 12 de los 42 servicios contemplados en la política nacional recibieron financiamiento específico en 2024.

Casos de trata de personas sin sentencias

CHS Alternativo también mostró su preocupación porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio del Interior no han implementado el programa presupuestal multisectorial obligado por ley, que debía ejecutar la Política Nacional frente a la Trata de Personas.

“Aunque la ley dio un plazo de 180 días para su implementación, al 23 de septiembre de este año, habrán transcurrido 2.362 días sin que se cumpla con esta obligación legal que debe ser atendida de manera inmediata para garantizar la atención y protección de las víctimas de trata”, detallan.

Este incumplimiento repercute especialmente en la atención a víctimas y la prevención de la criminalidad asociada, afectando protección, reintegración y acceso a la justicia.

Las estadísticas judiciales muestran otras brechas críticas de protección. Entre 2020 y 2025, la Fiscalía documentó 7.790 denuncias por trata de personas, pero apenas 498 casos finalizaron en sentencia, lo que representa solo el 6,4%.

Redes criminales se expanden

Además, la organización advierte que el fenómeno se ha agravado por la expansión de redes criminales vinculadas a economías ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico, además de aprovechar la pobreza, la informalidad y la limitada respuesta del Estado.

En los últimos años, la trata se ha enlazado con otras formas de criminalidad organizada y violencia de género, como lo reconoce la Ley 30364 y las cifras de violencia reportadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En 2024, este Ministerio registró 168 mil 492 casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, cifra superior a la documentada en 2023.

Además, la falta de rendición de cuentas agrava la situación. Desde 2017, el Ejecutivo no informa al Pleno del Congreso sobre la ejecución de la Política Nacional frente a la Trata de Personas. En 2024, el Congreso restringió aún más esta obligación, limitando las sesiones informativas solo a comisiones.

En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, el director ejecutivo de CHS Alternativo demandó respuestas urgentes por parte del Estado. Entre las medidas consideradas indispensables figuran la restitución de la rendición de cuentas ante el Pleno del Congreso, el fortalecimiento de las fiscalías, la dotación de recursos efectivos para la Policía Nacional y el Ministerio Público, y la reforma de la Política Nacional con enfoque sistémico y financiamiento sostenido.

Estas carencias mantienen vigente un escenario donde la trata de personas en el país afecta la integridad y dignidad de las víctimas, mientras la respuesta estatal sigue siendo insuficiente frente a la transformación del delito.

Canales de ayuda

• Línea gratuita 1818 del Ministerio del Interior
• Línea 100 y Chat 100 para atención y orientación especializada
• Línea 113 (opción 5) del Ministerio de Salud (MINSA) para información y orientación en salud mental