La posibilidad de un cierre temporal de Machu Picchu ha generado un intenso debate en la región Cusco y en todo el Perú. La propuesta, impulsada por líderes gremiales y representantes del sector turístico local, busca implementar una reestructuración integral en la gestión del emblemático sitio arqueológico bajo una nueva autoridad autónoma.
El objetivo es resolver una crisis que, según los promotores de la medida, amenaza tanto la experiencia de los visitantes como el sustento de miles de familias que dependen del turismo en Cusco. No obstante, el costo de una paralización sería elevado, ya que se estima que las pérdidas diarias alcanzarían cifras millonarias, afectando a miles de turistas y a la economía regional.
Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, se ha posicionado como uno de los principales voceros de la iniciativa. “Implica cerrar una semana, dos semanas o el tiempo que sea necesario para organizar adecuadamente la gestión del turismo, pues el futuro lo va a agradecer”, afirmó.
Sostiene que la reestructuración debe abarcar todos los aspectos de la gestión de la ciudadela, desde el modelo de gobernanza hasta la asignación de recursos, y que la fragmentación actual ha llevado a una situación insostenible.
La crisis de turismo
La crisis se ha evidenciado durante los días de paralización, cuando cerca de 4.700 turistas no pudieron ingresar, salir o acceder a la ciudadela, lo que, según el dirigente, ha generado una percepción negativa sobre el destino.
Además, más de 115 mil personas que dependen directa o indirectamente del turismo en la Llaqta Inca se han visto perjudicadas, y la incertidumbre ha provocado la cancelación del 15% de las reservas turísticas, lo que representa una pérdida superior a 70 millones de soles para la economía local.
El impacto económico de un cierre temporal de la maravilla del mundo se refleja en la magnitud de las cifras: miles de visitantes afectados y decenas de miles de familias que dependen de la actividad turística.
Las cancelaciones de reservas y la caída en la afluencia de turistas afectan no solo a los operadores turísticos, sino también a toda la cadena de servicios vinculados al sector, desde hoteles y restaurantes hasta transportistas y guías. La situación ha generado preocupación entre los empresarios y trabajadores de Cusco, quienes advierten que las pérdidas inmediatas tendrán consecuencias a largo plazo para la región.
Gestión y distribución de recursos en Machu Picchu
En el trasfondo de la crisis, el debate sobre la gestión y distribución de los recursos generados por Machu Picchu ha cobrado fuerza. Sixto Liñán, representante de la Asociación Peruana de Empresarios en Turismo, denunció que “Lima concentra los recursos económicos que produce Machu Picchu, mientras Cusco recibe solo una fracción de estos fondos”.
Liñán cuestiona que la administración y los beneficios económicos del santuario se centralicen en la capital, mientras la región enfrenta dificultades para la protección y el mantenimiento del sitio. Según su perspectiva, las decisiones sobre la ciudadela recaen en funcionarios de los ministerios estatales que gestionan el destino desde oficinas en Lima, sin conocer las condiciones reales del lugar.
“Ningún funcionario de los ministerios de Lima sabe cómo se viaja a Machu Picchu. Ellos no conocen las dificultades que pasa un turista libre para llegar”, señaló. Esta brecha entre las autoridades y las necesidades del territorio, sumada a la percepción de desigualdad en la distribución de los recursos, ha alimentado el malestar en la región.
Por su parte, el Ministerio de Cultura sostiene que los fondos generados por Machu Picchu se destinan a la conservación y mantenimiento del sitio arqueológico, la promoción del turismo sostenible y la inversión en proyectos de desarrollo local y cultural en Cusco.
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