La lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció un “grave intento de atentado contra la democracia” después de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitara al Poder Judicial declarar la ilegalidad de su agrupación política. La dirigente señaló que la fiscalía busca debilitar su movimiento antes de las elecciones generales de 2026 y que la titular del Ministerio Público actúa de forma politizada.
“Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?”, cuestionó a través de X. También acusó a Delia Espinoza de favorecer “cortinas de humo” para distraer la atención pública y destacó que la funcionaria se encuentra procesada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Lamentamos que siga dañando a su institución en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos. Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una Fiscal politizada”, sentenció.
El pedido formulado por la titular del Ministerio Público para que Fuerza Popular sea excluido del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) está respaldado en presuntas conductas antidemocráticas. Entre ellas:
- Promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión. En resumen, un acoso sistemático contra personas que les parezcan incómodas.
- Promover la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política/libertad de conciencia.
- Exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000).
- Legitimar violencia como método de para la consecución de objetivos políticos.
La demanda deberá ser resuelta por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Primero se deberá notificar a Fuerza Popular con la demanda y sus anexos a fin de que ejerza su derecho a la defensa. Luego convocar a la audiencia, la cual una vez culminada se dejará al voto.
Para que la demanda prospere, se requerirá el voto de cuatro de los cinco magistrados. Si el fallo resulta adverso para Fuerza Popular, tanto la defensa del partido como la propia fiscalía podrán apelar ante la Sala Suprema Civil Permanente.
De confirmarse la ilegalidad, el partido liderado por Fujimori quedaría fuera de las presidenciales de 2026, un hecho que solo tiene antecedente con la agrupación de Antauro Humala, A.N.T.A.U.R.O., que fue cancelada en circunstancias similares.
¿Qué pasó con Antauro Humala?
En enero de este año, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O., organización vinculada a Antauro Humala, lo que derivó en la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE y el cierre de todas sus sedes.
La decisión fue adoptada por unanimidad y ratificó la sentencia de primera instancia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, que ya había ordenado la cancelación de la inscripción del partido y el cierre de sus locales. La defensa de A.N.T.A.U.R.O. había apelado, alegando falta de fundamentos jurídicos, pero el tribunal consideró válidos los argumentos de la instancia anterior y declaró infundado el recurso.
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