La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha abierto una investigación preliminar tras una denuncia presentada por un interno del Establecimiento Penitenciario de Chincha, quien asegura haber sido víctima de agresiones físicas dentro del recinto. El caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones en que se cumplen las medidas disciplinarias al interior de los penales y el control sobre el personal penitenciario.
De acuerdo con la versión del denunciante, el hecho ocurrió en la zona conocida como área de aislamiento y meditación, donde dos técnicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo habrían golpeado en varias partes del cuerpo, provocándole lesiones visibles. La denuncia fue recibida por el Ministerio Público, que ordenó una serie de diligencias urgentes para esclarecer lo sucedido.
Fiscal ordena diligencias y aplicación del Protocolo de Estambul
La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Karin Olivia Ore Huayllani, quien dispuso la toma de declaraciones, la identificación de testigos y la recolección de pruebas dentro del penal. Como parte de las acciones, también se solicitó la intervención de la Unidad Clínico Forense (Unclifor) con el fin de aplicar el Protocolo de Estambul, un mecanismo internacional utilizado para investigar casos de tortura y malos tratos, que permite evaluar la versión del denunciante desde un enfoque médico y psicológico.
El Ministerio Público informó que la investigación se está desarrollando bajo carácter reservado y que por el momento no se han revelado las identidades de los técnicos señalados. La denuncia fue registrada en el Distrito Fiscal de Ica y Cañete, donde se enfatizó el compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos y realizar una indagación exhaustiva para determinar eventuales responsabilidades.
El caso ha despertado preocupación sobre los procedimientos internos aplicados en las zonas de aislamiento de los penales y el nivel de supervisión en el uso de la fuerza por parte del personal penitenciario. La aplicación del Protocolo de Estambul será clave para determinar si las lesiones denunciadas se ajustan a un posible escenario de tortura o maltrato físico.
Antecedente: nueve agentes del INPE procesados por tortura en penal de Huaraz
Este nuevo caso en Chincha se suma a otros hechos similares registrados en el país. En mayo de 2024, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash y Santa abrió investigación contra nueve agentes del INPE por la presunta tortura de una interna de 27 años en el Centro Penitenciario de Huaraz. El episodio, ocurrido el 18 de mayo, generó alarma nacional y provocó cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y disciplina aplicados en los penales.
De acuerdo con la denuncia, la víctima fue engrilletada, intimidada y agredida en repetidas ocasiones por el personal penitenciario, lo que le ocasionó múltiples lesiones, incluida una fractura en el pie. Tras la golpiza, la dejaron en el interior de una celda sin atención médica, y fueron sus compañeras de pabellón quienes finalmente le brindaron auxilio. La investigación identificó a tres mujeres y cuatro hombres entre los responsables directos, además de otros dos agentes implicados en el encubrimiento de los hechos.
La fiscal provincial Rocío Príncipe Ascencios solicitó prisión preventiva por nueve meses para siete de los procesados, mientras que para otros dos pidió comparecencia con restricciones. El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria y pidió al Poder Judicial medidas de protección para la reclusa, a fin de resguardar su seguridad tras la agresión. Este antecedente revela que las denuncias por tortura y malos tratos en penales no son hechos aislados, sino un problema recurrente que vuelve a evidenciarse ahora con la denuncia presentada en el penal de Chincha, donde las investigaciones recién comienzan.
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