El juez Wilson Verastegui Gálvez, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, levantó la comparecencia con restricciones contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori a raíz de la Ley 32130, norma aprobada en el Congreso de la República con votos de Fuerza Popular.
Como se recuerda, en abril de 2020, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la segunda prisión preventiva contra Keiko Fujimori e impuso en su lugar 4 reglas de conducta: no ausentarse de la ciudad de su domicilio, obligación de comparecer cada 30 días a control biométrico, prohibición de comunicarse con coimputados y una caución de 70 mil soles.
Estas fueron ratificadas en 2023, aunque la primera regla de conducta fue variada “no variar el lugar de su domicilio sin previa autorización del juzgado”. Las demás permanecieron intactas.
Debido a que la Ley 32130 fija la comparecencia con restricciones para casos de crimen organizado en 36 meses, la fiscal adjunta provincial Paulina del Rocío Roque Soplapuco se mostró a favor de que sea levantada.
“Podemos decir que la primera resolución que hace incidencia a la medida de comparecencia con restricciones es 30 de abril del año 2020. A la fecha, estando 12 de septiembre del año 2025, han transcurrido, sin lugar a dudas, más de 5 años, por lo que en aplicación estricta de la ley 32.130, pues este Ministerio Público va a solicitar que su judicatura declare la caducidad de la comparecencia con restricciones impuestas”, dijo la fiscal.
Y así fue. El juez Wilson Verastegui Gálvez coincidió con que han pasado más de 5 años desde que se impuso comparecencia con restricciones a Keiko Fujimori por lo que corresponde el levantamiento de las reglas de conducta. No cabría algún control difuso porque la Corte Suprema ya ha aplicado esta norma.
“Este Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declara la caducidad de las reglas de conducta impuestas a la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Higuchci. En consecuencia, se le impone la comparecencia simple con la sola obligación de acudir al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional las veces que le sea llamada”, resolvió el magistrado.
La caución de 70 mil soles no se le será devuelta. Para que esto suceda se deberá esperar al final del proceso, solo si es absuelta o el caso se archiva antes del juicio oral, tal como pretende a través del Tribunal Constitucional.
El futuro del caso Cócteles
El futuro del proceso judicial contra Keiko Fujimori podría definirse en el Tribunal Constitucional (TC), según la advertencia lanzada por el fiscal José Domingo Pérez, quien sostiene que la lideresa de Fuerza Popular busca el archivo definitivo del denominado caso Cócteles a través de un hábeas corpus.
De acuerdo con el fiscal del equipo Lava Jato, una decisión favorable a Fujimori no solo impactaría su situación personal, sino que también sentaría un precedente que podría beneficiar a otros investigados por financiamiento ilegal de campañas políticas en el Perú. Pérez explicó que el alcance de una resolución del TC que archive el caso no se limitaría a la acusación contra Keiko Fujimori.
Según sus declaraciones, este escenario comprometería la validez de procesos ya avanzados, como el de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes han sido sentenciados en primera instancia por lavado de activos. Además, la medida podría influir en el juicio pendiente contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los aportes millonarios de Odebrecht y OAS a sus campañas de reelección. El fiscal también mencionó que el efecto podría extenderse a investigaciones en curso, como la que involucra a Renovación Popular y al prófugo Vladimir Cerrón, vinculado a presunto financiamiento ilícito en la campaña de Perú Libre.
En palabras de José Domingo Pérez, “estamos ante una decisión que podría afectar la lucha contra el financiamiento ilegal de la política en el Perú. Si el TC archiva el caso, se abrirá un precedente que blinde a otros acusados”, según declaraciones recogidas por Infobae. El fiscal subrayó que la acusación contra Fujimori se fundamenta en pruebas que demuestran la recepción de millones de dólares en aportes ilegales durante las campañas de 2011 y 2016. Entre los aportes identificados, destacan los pagos de Odebrecht y de empresarios nacionales, canalizados mediante mecanismos de simulación, como falsos aportantes y depósitos bancarios fragmentados.
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