El apu Romer Orrego Ikam, líder indígena de Condorcanqui, alertó que integrantes de la banda ecuatoriana "Los Choneros", dirigida por Adolfo “Fito” Macías, se han instalado en comunidades del distrito de El Cenepa. Según su testimonio, operan en los ríos Marañón y Santiago para extraer oro y trasladarlo a Ecuador.
Lo más grave, sostiene, es que además de la minería ilegal estarían promoviendo adoctrinamiento político y hasta la trata de personas, captando a niñas y adolescentes para fines de explotación.
“La soberanía del país aquí, en la frontera, la hemos perdido; los ecuatorianos sacan el oro como si estuvieran en su casa con la complicidad de hermanos awajún”, afirmó a RPP.
El dirigente también cuestionó la eficacia de las interdicciones policiales y militares. Asegura que los operativos son filtrados antes de ejecutarse, lo que permite a los delincuentes ocultar maquinaria y volver a operar al día siguiente. Por ello, exigió a la presidenta Dina Boluarte una reestructuración de la alta comandancia militar y policial en la frontera.
La carretera binacional del oro: así opera la economía criminal
El consultor en gobernanza ambiental Fernando Cuadros describe un escenario de “captura territorial”. Estima que en la zona operan unas 30 retroexcavadoras, con una producción conjunta de hasta 81 kilos de oro por semana, que cruzan hacia Ecuador.
El factor decisivo fue la construcción de una carretera clandestina de seis kilómetros que conecta directamente los campamentos ilegales con la frontera. Aunque fue dinamitada hace unos meses, hoy está nuevamente habilitada sin que ninguna autoridad lo impida. Esta vía facilita el ingreso de maquinaria pesada y abastecimiento logístico, consolidando lo que Cuadros llama una “gobernanza ilegal”: una red donde participan mineros informales, mafias locales y grupos ecuatorianos.
A ello se suma la falta de presencia estatal y el uso del Reinfo, mecanismo de formalización minera que en la práctica alegan que funciona como “paraguas legal” para operaciones ilegales a gran escala.
Acusaciones de corrupción entre autoridades
En paralelo, el analista de seguridad, Pedro Yaranga, difundió un video atribuido a miembros de ‘Los Choneros’. En las imágenes, un cabecilla armado se jacta de tener “poder económico y político” y asegura pagar S/200.000 mensuales a mandos policiales para facilitar sus operaciones. También amenaza a comunidades awajún que resisten la invasión.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme la autenticidad de este material ni investigaciones públicas con nombres concretos. El contexto regional, sin embargo, sí muestra un endurecimiento: en Ecuador, el gobierno ha catalogado a “Los Choneros” como organización terrorista, y en Estados Unidos ya son considerados un objetivo dentro de la ofensiva contra el crimen organizado en Latinoamérica.
Aún así, el medio especializado Insight Crime había anunciado en febrero de este año que las organizaciones criminales ecuatorianas se habían internacionalizado y penetrado en comunidades en la frontera con Perú. Ello debido al poco control en la fronteras.
El territorio awajún en conflicto
La expansión de la minería ilegal ha dividido a las comunidades. El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) insiste en que las mafias ecuatorianas se han instalado en la cordillera del Cóndor y que avanzan de la mano con la tala ilegal, el narcotráfico y el contrabando de armas.
Pero no todos coinciden. Liceo Juwau, presidente de la comunidad Chayu Muja, niega que “Los Choneros” operen en su territorio. Afirma que los ataques provienen de la banda peruana “Los Trujillanos”, contratada por mineros inscritos en el REINFO para desalojar comuneros. “Nos quieren sacar para quedarse con nuestras tierras. Vivimos con miedo, pero no vamos a irnos”, aseguró.
Más allá de las versiones contrapuestas, lo que nadie discute es el clima de violencia e incertidumbre.
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