El Poder Judicial de Perú admitió la solicitud de extradición contra Alexis de la Cruz Canales, exasesor de la congresista María Agüero de Perú Libre, quien enfrenta acusaciones por el presunto cobro de “mochasueldos” a por lo menos doce trabajadores de su despacho parlamentario. Entre junio de 2022 y mayo de 2023, los empleados habrían entregado hasta el 10% de sus salarios a personas cercanas a la legisladora tanto en Arequipa como en Lima.
Detención en España y antecedentes del caso
El paradero de De la Cruz Canales fue desconocido durante meses después de que el Poder Judicial ordenara, en noviembre del año pasado, 18 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Finalmente, el 19 de agosto fue detenido en España, donde se encontraba en condición migratoria irregular.
Las autoridades peruanas iniciaron el proceso formal de extradición tras esta captura, enfocándose en garantizar la comparecencia del exasesor ante la justicia nacional. La investigación liderada por el Ministerio Público sostiene que el esquema de “mochasueldos” operaba con la recolección del 10% de los haberes de los trabajadores, recursos que presuntamente recepcionaban Edson Flores Valencia en Arequipa y César de la Cruz Canales en Lima.
Posible agilización del procedimiento
El abogado penalista Vladimir Padilla explicó a Panamericana Noticias que estos trámites podrían tomar normalmente entre seis meses y un año, ya que deben pasar por evaluaciones tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo en Perú, antes de ser analizados por las autoridades de España. No obstante, consideró que el proceso podría resolverse en un plazo menor si se confirma la condición migratoria irregular del detenido. “En ese escenario, el procedimiento no debería extenderse por más de tres semanas”, expuso.
Padilla señaló que la práctica conocida como “mochasueldos” afecta directamente los recursos del Estado. Según su análisis, esta modalidad consiste en que funcionarios se apropian de parte de los salarios asignados a trabajadores que, a cambio de permanecer en el puesto, ceden un porcentaje de sus haberes.
Consecuencias políticas y suspensión en debate
El caso ha tenido repercusiones en el ámbito político. La Comisión de Ética del Congreso recomendó suspender a la congresista María Agüero por 120 días debido a su implicancia en la denuncia; aún así, la recomendación sigue pendiente de debate en el pleno del Congreso, lo que mantiene en incertidumbre las eventuales consecuencias para la legisladora de Perú Libre.
Desde la denuncia presentada hace diez meses, la investigación ha avanzado con la recolección de testimonios de trabajadores del despacho de Agüero, quienes afirman haber entregado fondos bajo presión o amenaza de perder el trabajo. El proceso, ahora en etapa de extradición, busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados.
La decisión final sobre la extradición de De la Cruz Canales dependerá de la revisión que realicen las instancias judiciales y administrativas tanto de Perú como de España. Mientras tanto, las investigaciones en el país sudamericano siguen activas, a la espera de los próximos movimientos legales y políticos en torno al caso.
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