El acceso a Machu Picchu se convirtió en un caos tras el vencimiento, el pasado 5 de septiembre, de la concesión otorgada a Consettur, empresa que por más de treinta años controló en monopolio la ruta de buses que conecta el pueblo de Machupicchu con la ciudadela inca. Pese a la caducidad del contrato, la compañía continuó operando bajo el argumento de que se acoge al “silencio administrativo positivo”, lo que desató una serie de enfrentamientos legales y sociales.
El viernes 6 de septiembre, turistas nacionales y extranjeros se vieron perjudicados con demoras, confusión y peleas entre trabajadores de empresas rivales, mientras las autoridades locales intentaban poner en marcha un plan de contingencia.
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La concesión vencida y la licitación que nunca se hizo
La crisis estalló por la falta de previsión de la Municipalidad de Urubamba, a cargo del alcalde Ronald Vera Gallegos, que no convocó a tiempo la licitación para un nuevo operador del servicio. En agosto, la autoridad notificó a Consettur sobre el fin de su concesión, pero sin preparar el relevo.
En un intento de salida rápida, Vera entregó por contratación directa la operación temporal a la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy por un periodo de cuatro meses, alegando desabastecimiento del servicio. La firma cuenta con 18 buses estacionados en la Hidroeléctrica, a la espera de ser trasladados en tren hasta Machupicchu Pueblo. Sin embargo, el inicio del servicio dependía de la autorización del Sernanp, la cual recién se dio el 6 de septiembre.
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Denuncias de intereses y vínculos políticos
El abogado y regidor del Cusco, Aarón Medina Cervantes, acusó al alcalde Vera de favorecer a Consettur al anular las autorizaciones que permitían a otras empresas operar. “El proceso de licitación estuvo mal planteado desde el inicio”, aseguró.
El exprocurador anticorrupción del Cusco, Henry Delgado Urrutia, señaló que hubo “doble discurso e improvisación”. Mientras se hablaba de respetar el fin de la concesión, no se avanzó en convocar un nuevo proceso.
Por su parte, Julián Quispe, presidente de la Junta de Accionistas de Consettur, calificó el convenio con San Antonio de Torontoy como “ilegal” y pidió que sea revisado por la Contraloría y el Ministerio Público.
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Peleas, protestas y tensión en las vías
El 7 de septiembre, la situación escaló cuando un bus de Consettur fue atacado por desconocidos, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio. Tras la intervención policial, las operaciones se reanudaron. La empresa denunció hostigamientos mientras los turistas soportaban incertidumbre y retrasos.
En paralelo, hoy pobladores de la comunidad de San Antonio realizaron una protesta pacífica en el kilómetro 88 de la vía férrea hacia Machu Picchu, exigiendo que se permita el traslado de los buses de San Antonio de Torontoy en trenes de PeruRail. Los manifestantes portaban carteles contra la empresa ferroviaria y reclamaban la apertura del servicio a nuevos operadores.
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Tres décadas de monopolio y cuestionamientos
Consettur ha mantenido el control exclusivo de la ruta Hiram Bingham por tres décadas. Durante este tiempo, impidió el ingreso de competidores, acumuló denuncias por prácticas monopólicas y enfrenta una deuda tributaria de más de S/ 55 millones con la Sunat.
Los pasajes de la ruta, de apenas siete kilómetros, pueden costar hasta 24 dólares, un precio considerado desproporcionado frente al transporte urbano en Cusco, donde se paga S/ 2,50 por distancias mayores.
Además, en 2018, accionistas de Waynapicchu —socia de Consettur— fueron denunciados por pagar un soborno de 50 mil dólares a una jueza cusqueña para evitar el ingreso de nuevas empresas. Tanto la magistrada Bonny Eve Gamarra como el abogado Patrick Pérez Deza fueron procesados por cohecho y pasaron a la clandestinidad en 2022 tras dictarse prisión preventiva en su contra.
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La improvisación en la gestión de la ruta afecta directamente a la experiencia de los visitantes. El caos de los últimos días generó largas colas, retrasos en el ingreso a Machu Picchu y desinformación. Turistas denunciaron peleas entre trabajadores de empresas rivales y la falta de claridad sobre qué buses podían abordar.
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