La decisión del Gobierno de construir un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, ubicada frente al Callao, abrió una discusión sobre los costos, la logística y el impacto que podría generar en el entorno.
La mandataria Dina Boluarte realizó una inspección en la zona junto a técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), quienes le explicaron los plazos previstos para demoler las instalaciones actuales y levantar la nueva infraestructura.
“En cuatro meses estaríamos haciendo demoliciones totales y nivelación de tierras. En enero del otro año tendríamos que empezar”, respondió un especialista de la Oficina de Gestión de Inversiones del Minjus a la consulta de la jefa de Estado durante el recorrido.
El plan contempla que la colocación de la primera piedra se produzca en mayo del 2026, con avances sustanciales programados para julio. La capacidad proyectada del penal es de 2,000 internos de alta peligrosidad en un área de 57,000 metros cuadrados y con una inversión de S/ 500 millones.
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, declaró que la propuesta será sometida a votación y los resultados se harán públicos: “Lo que haremos es hacer pública la votación para que todo el pueblo peruano pueda saber quiénes votaron a favor y quiénes en contra”.
En contraste, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, advirtió sobre los retos logísticos y financieros: “Cinco mil millones de soles era el presupuesto más barato para la reapertura del penal.
Con ese dinero se podría construir diez penales de 500 millones de soles cada uno para albergar cuatro mil internos cada uno”, señaló en entrevista.
El proyecto revive la memoria de un recinto emblemático, recordado por el motín de 1986 durante el primer gobierno de Alan García. Aquella intervención militar tras un levantamiento de internos de Sendero Luminoso dejó decenas de muertos y marcó la historia penitenciaria del país.
Congreso anuncia inspección a la zona del penal
La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso informó que este lunes 8 de septiembre realizará una visita de inspección a El Frontón para supervisar los alcances del proyecto anunciado por el Ejecutivo.
La jornada estará encabezada por la congresista Katy Ugarte, presidenta de la comisión, junto al alcalde de La Punta, Ramón Garay, y representantes de asociaciones vecinales.
“Como comisión, nuestra obligación es garantizar que toda obra pública, por más necesaria que sea, respete la ley, el medio ambiente y la calidad de vida de las familias. Estaremos vigilantes para que no se vulneren derechos ni se generen impactos negativos en los servicios esenciales”, expresó Ugarte.
La acción parlamentaria responde a la preocupación de la ciudadanía tras la confirmación del convenio firmado entre los ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa para viabilizar el proyecto penitenciario en la isla.
La cita comenzará a las 8:30 de la mañana en el frontis de la Municipalidad de La Punta, con la presencia de medios de comunicación y representantes de colectivos ciudadanos.
Con esta visita, el Congreso busca garantizar que el plan respete los derechos de los vecinos del Callao y que el nuevo penal en la isla San Lorenzo no afecte los servicios públicos ni el entorno ambiental.
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