El excandidato presidencial Daniel Urresti se acogió formalmente a la Ley 32107, norma que prescribe delitos de lesa humanidad. Con este recurso, solicitó al Poder Judicial que anule la condena de 12 años de prisión por el homicidio con alevosía del periodista Hugo Bustíos y se ordene su inmediata libertad.
En audiencia celebrada hoy viernes 5 de setiembre, el abogado de Urresti solicitó a la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, al amparo de la referida ley, que “declare nulo todo el proceso penal con el que el general Urresti ha sido condenado de manera injusta, entre otras razones, porque le aplicaron de forma retroactiva el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
A su turno, la Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos requirió al Tribunal que declare improcedente el pedido. El fiscal Pedro Orihuela indicó que el crimen contra Hugo Bustíos es imprescriptible por ser una grave violación a los derechos humanos. También negó una aplicación retroactiva de los tratados internacionales.
La Sala Superior dejó al voto el pedido de Daniel Urresti para que se le aplique la Ley 32107 para que se declare prescrito el homicidio con alevosía que se le comprobó y sea liberado.

Cabe precisar que, en primera instancia, el Juzgado Supraprovincial Liquidador Transitorio Nacional tramitó el pedido como una “sustitución de pena”, decisión que ha sido apelada por la defensa del exministro del Interior por considerar que ha sido incorrectamente resuelta. Lo que se exige, remarcaron en la audienca, es la anulación total del proceso penal, incluida la pena de prisión efectiva.
La condena de Urresti
La Corte Suprema ratificó en su momento la condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, un caso que ha simbolizado la lucha contra la impunidad en el Perú durante más de tres décadas
La resolución, emitida el 19 de julio de 2023, ratificó la sentencia dictada en abril de ese año por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Liquidadora, y fue adoptada por unanimidad por los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
El exministro y excongresista Urresti permanece encarcelado desde abril de 2023, tras ser hallado culpable de un crimen calificado como delito de lesa humanidad. Su defensa intentó revertir la condena mediante un recurso de anulación, pero la Corte Suprema rechazó la solicitud. La magistrada Susana Castañeda propuso una reducción de la pena a 11 años y 3 meses, aunque la mayoría del tribunal optó por mantener la condena original. De este modo, se prevé que Urresti cumpla su sentencia hasta el 11 de abril de 2035.

La ratificación de la condena se produjo antes de la entrada en vigor de la Ley 32107, una norma que ha generado alarma entre víctimas y defensores de derechos humanos. Esta ley permitiría la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo que podría facilitar la liberación de condenados como Urresti.
En su momento, Sharmeli Bustíos, hija del periodista asesinado, expresó su rechazo a la posibilidad de que la nueva normativa abra la puerta a la impunidad. A través de su cuenta de X (antes Twitter), manifestó: “No se puede dar tregua a la ‘Ley de Impunidad’ en un país como el nuestro, con tantos casos por resolver. Es inconstitucional y una afrenta para quienes venimos luchando por hallar justicia”.
El Ministerio Público también se pronunció en contra de la Ley 32107. En un comunicado advirtieron que la aplicación de la norma podría derivar en la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad. Entre los casos emblemáticos que podrían verse afectados figuran Chuschi, la matanza de El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos, La Cantuta, El santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cedruyo, Madre mía, Universidad del Centro, Putis, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja.
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