En los últimos meses, los casos de extorsión contra transportistas se han convertido en una de las principales amenazas para quienes utilizan y trabajan en el transporte público.
Conductores, cobradores y propietarios de vehículos han denunciado constantes amenazas de bandas criminales que exigen pagos a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus familias. Este fenómeno, además de poner en riesgo a los trabajadores, expone también a los millones de pasajeros que se desplazan a diario por las calles de Lima y Callao.
El problema no se limita solo a los choferes. La seguridad ciudadana dentro de los buses también se ha visto gravemente afectada por asaltos, robos y agresiones. En este contexto, la falta de un sistema moderno de videovigilancia ha sido uno de los vacíos que el sector transporte arrastraba desde gestiones anteriores.
MTC anuncia compra de 16.000 cámaras para buses
Ante este panorama, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la adquisición de 16.000 cámaras de seguridad que serán instaladas en 8.000 buses de servicio público en Lima y Callao.
La medida, a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), se ejecutará mediante contratación directa tras la anulación del concurso público que había sido declarado nulo por deficiencias técnicas en abril de este año.
El ministro César Sandoval explicó que el nuevo proceso se llevará a cabo bajo parámetros de transparencia y estará enmarcado en un decreto de urgencia que se propondrá al Ejecutivo.
Una vez implementadas, estas cámaras permitirán el monitoreo y fiscalización en tiempo real a través de los centros de gestión de tránsito, con alcance en los 43 distritos de Lima y los siete del Callao.
Las cámaras de videovigilancia contarán con especificaciones modernas como estabilización óptica o digital y protección antivandálica, lo que garantizará imágenes claras y un servicio resistente frente a intentos de sabotaje.
El sistema estará articulado con la Policía Nacional y los serenazgos distritales, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
Además, la Superintendencia de Transporte Terrestre (SUTRAN) adquirirá cámaras corporales, para lo cual el MEF ha destinado más de ocho millones de soles.
Un paso hacia la seguridad en buses
Con esta disposición, el MTC busca cerrar brechas heredadas de procesos fallidos y ofrecer un entorno más seguro para los más de 10 millones de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público.
Aunque la medida no resuelve por sí sola el problema de las extorsiones, representa un avance en la implementación de un sistema integral de seguridad en buses, una demanda pendiente que impacta directamente en la confianza de los ciudadanos al movilizarse por la capital.
En los últimos días, la extorsión a transportistas en Lima y otras regiones del Perú alcanzó niveles alarmantes. Bandas criminales obligan a choferes y cobradores a justificar ausencias laborales con certificados médicos, exigiendo pagos incluso si no trabajan. “Si no lo hacemos, estamos propensos a que nos maten”, aseguró un conductor anónimo.
Los delincuentes monitorean constantemente sus movimientos, exigen reportes diarios y ponen en riesgo sus vidas si no cumplen. Esta situación precariza aún más sus condiciones económicas y laborales, mientras las autoridades no logran ofrecerles protección efectiva.
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