INPE rechazó en 2023 construcción de El Frontón por inviabilidad, pero el Ejecutivo insiste

El Ejecutivo anunció con bombos y platillos la construcción de un nuevo centro penitenciario en la isla El Frontón, frente al Callao, como respuesta a la crisis de hacinamiento carcelario. El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aseguró que la obra demandará una inversión de 500 millones de soles y que contará con la participación del Ejército y las Fuerzas Armadas en su fase inicial.

Sin embargo, esta decisión contradice un informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitido el 22 de junio de 2023, que declaró inviable el proyecto por carecer de condiciones mínimas de infraestructura y sostenibilidad económica, según reveló el portal Epicentro TV.

El documento, elaborado como opinión técnica al proyecto de ley presentado por el congresista Américo Gonza, concluyó que en el mejor de los casos el establecimiento solo podría albergar a 108 internos, muy lejos de los 2.000 que hoy promete el Ejecutivo.

Este advirtió, además, que los costos de mantenimiento y operación serían muy elevados, ya que el Estado tendría que asegurar el transporte constante de alimentos, agua, combustible, personal y suministros por vía marítima. En palabras del propio INPE, mantener una cárcel en la isla “representa una sobrecarga logística y financiera injustificada para el presupuesto penitenciario”.

El Gobierno asegura que sí se construirá

Pese a las advertencias técnicas, la presidenta Dina Boluarte y el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunciaron que sí se construirá un nuevo penal en El Frontón y que este tendrá capacidad para 2.000 reclusos.

El ministro sostuvo en entrevista con RPP que el proyecto demandará una inversión de aproximadamente 500 millones de soles, desestimando estimaciones anteriores que elevaban el costo hasta en 5.000 millones.

Santiváñez aseguró que los “estudios técnicos” ya han establecido el presupuesto real y adelantó que este miércoles 3 de septiembre se firmará un convenio interinstitucional entre los ministerios de Vivienda, Defensa y Justicia para iniciar los trabajos de movimiento de tierras, con apoyo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Según el cronograma del expediente técnico al que accedió Perú21, la colocación de la primera piedra se daría en julio de 2026 bajo la modalidad de obras por impuestos, o en junio de 2027 si se opta por contratación pública.

Limitaciones logísticas de la isla

La isla de El Frontón, también conocida como penal San Juan Bautista, está ubicada a siete kilómetros de la costa del Callao, lo que equivale a casi una hora de viaje en bote a motor. Aunque su extensión supera las 57 hectáreas, el propio INPE precisó que solo unas 12 hectáreas son aptas para construcción, debido a la topografía accidentada.

En su informe, la entidad penitenciaria recordó que ya en el pasado el penal representaba un “alto costo operativo” por la necesidad de traslados constantes, lo que obligaría al Estado a contar con una flota propia de embarcaciones para abastecerlo de manera segura y permanente.

Críticas de especialistas

El anuncio del Gobierno ha generado cuestionamientos. Javier Llaque, exjefe del INPE, señaló que la reapertura de El Frontón carece de justificación técnica y que la solución al hacinamiento pasa por megapenales modernos en tierra firme, que podrían construirse con el mismo presupuesto.

“El problema del hacinamiento se enfrenta con megapenales, no con el regreso a modelos que ya demostraron su inviabilidad. El penal de El Frontón fue cerrado hace más de cuatro décadas precisamente por los altos costos y las dificultades logísticas que generaba”, declaró en entrevista con Panamericana.

El exfuncionario agregó que, con el presupuesto estimado para El Frontón, el Estado podría financiar al menos diez nuevos penales de 500 millones de soles cada uno, con capacidad de 4.000 internos cada uno, lo que daría una respuesta más eficaz a la sobrepoblación penitenciaria.

El Frontón: su historia

El penal de El Frontón fue un establecimiento de máxima seguridad inaugurado a inicios del siglo XX y cerrado a fines de los años 80 por sus altos costos y malas condiciones de operación. Es recordado especialmente por el motín de junio de 1986, cuando un levantamiento de reclusos de Sendero Luminoso terminó con una intervención militar que dejó más de un centenar de internos muertos, un episodio que hasta hoy sigue siendo objeto de procesos judiciales en materia de derechos humanos.

Desde entonces, la isla permanece sin internos, aunque en distintas coyunturas políticas su reapertura ha sido puesta sobre la mesa como propuesta, ahora con nuevo impulso desde el Ejecutivo.

Mientras el Ministerio de Justicia insiste en la viabilidad del proyecto, el informe del INPE de 2023 y las críticas de especialistas evidencian que la iniciativa enfrenta serias dudas técnicas y financieras. En paralelo, la crisis de hacinamiento carcelario en el Perú sigue sin una solución clara, con más de 100 mil internos en penales cuya capacidad real no supera los 40 mil.