La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por hechos vinculados a su anterior gestión al frente del Ministerio del Interior en Perú. La medida lo acusa de ser presunto autor de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
El documento, remitido al presidente del Congreso, José Jerí Oré, está respaldado por el artículo 399 del Código Penal peruano, el artículo 1 de la Ley 27399 y disposiciones del reglamento parlamentario. Tiene como eje central las contrataciones de servicios de publicidad en redes sociales por parte del Ministerio del Interior cuando Santiváñez dirigía ese portafolio.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, el exministro mantuvo un vínculo funcional con el exmiembro de la Policía, Luis Pineda Rodríguez, a quien se le habría encargado la difusión de campañas para mejorar la reputación de Santiváñez en plataformas digitales tras la censura de su gestión.
Como se recuerda, Cuarto Poder develó una serie de conversaciones filtradas de grupos de WhatsApp enla que se evidenciaba la existencia de una estructura coordinada para fortalecer la imagen del entonces ministro. De acuerdo con lo investigado, las portátiles digitales habrían actuado de manera activa en encuestas y publicaciones.
El 20 de octubre de 2024, cuando surgió un sondeo en redes sociales sobre la continuidad de Santiváñez en el ministerio, Pineda motivó a los participantes del chat a pronunciarse a su favor. El resultado de ese ejercicio mostró un 67% de apoyo a la permanencia del funcionario. Situaciones similares se repitieron en otras fechas, incluyendo intervenciones de la secretaria del general Óscar Arriola, Francesca Velapatiño, quien también alentó a expresar respaldo ante nuevas consultas digitales.
La estrategia no se limitó a la acción en redes. En octubre de 2024, Pineda fundó junto a Clara Rosasco la Corporación Águila Seis Policial (Corpasol), que en breve tiempo accedió a proporcionar capacitaciones a la Policía Nacional del Perú a través del Fondo Bienestar del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta actividad fue financiada con descuentos en las remuneraciones del personal policial y dio pie a cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, como advirtió la abogada Cecilia Ruíz, especialista en contrataciones del Estado.
La presencia de Corpasol en las redes sociales también se orientó a respaldar de manera explícita la gestión de Santiváñez. Mensajes y videos publicados en TikTok celebraban el desempeño del ministro en actividades oficiales, potenciando su imagen institucional. Ante la difusión de las conversaciones, tanto Pineda como Rosasco justificaron su actuar aduciendo motivos informativos y negaron la existencia de coacciones. No obstante, el surgimiento de la asociación y la inmediatez de sus contratos generaron dudas sobre la idoneidad y transparencia de los procedimientos seguidos.
No es el único cuestionamiento como Mininter
Durante su paso por el Ministerio del Interior, Santiváñez también enfrentó otras investigaciones fiscales, entre ellas el caso conocido como ‘capitán culebra’, con acusaciones de abuso de autoridad. Las acciones de Espinoza, al frente del Ministerio Público, suman una nueva etapa judicial para el ahora titular de Justicia y Derechos Humanos, quien deberá responder ante las instancias correspondientes.
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