
En agosto de 2025, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ejecutará el cierre de dos universidades privadas que no consiguieron cumplir los requisitos mínimos de calidad. La medida afectará a miles de estudiantes que cursan actualmente sus programas académicos y que deberán culminar sus estudios en un plazo límite o buscar alternativas en otras instituciones.
La decisión de la autoridad universitaria responde a deficiencias estructurales y académicas identificadas en ambas casas de estudio. Las universidades han reconocido el mandato y emitieron comunicados dirigidos a su comunidad, en los que informan sobre la continuidad temporal de trámites académicos, sustentaciones y procesos de titulación.
Fecha de cese en cada institución
La Universidad Científica del Perú (UCP) informó que el proceso de cierre está fijado para el 16 de agosto de 2025. En su pronunciamiento, señaló que los estudiantes podrán completar sus carreras hasta esa fecha, mientras continúan gestionando el levantamiento de observaciones para obtener el licenciamiento. Además, exhortó a la comunidad a no dejarse confundir por comunicados falsos que circulan en redes sociales.

Por su parte, la Universidad Privada San Carlos (UPSC) anunció que suspenderá sus actividades el 30 de agosto de 2025. En su mensaje institucional, la universidad destacó que mantendrá abiertas las oficinas para atender trámites vinculados con grados, títulos y otros procesos administrativos de sus estudiantes y egresados.
Observaciones en la Universidad Científica del Perú
Según la resolución del Consejo Directivo N.° 066-2020-SUNEDU/CD, la UCP no logró garantizar las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Entre las deficiencias señaladas se encuentran la falta de instrumentos de planificación que aseguren la consecución de sus objetivos institucionales, así como inconsistencias en la asignación presupuestal de las direcciones encargadas de la acreditación académica.
La Superintendencia también cuestionó la infraestructura con la que contaba la institución, pues no se acreditaron ambientes adecuados para programas de ingeniería. En cuanto a investigación y docencia, la Sunedu precisó que no se incluyeron normas que protejan la integridad científica ni políticas que sancionen malas prácticas. Asimismo, se observó la falta de capacitación docente sostenida y equitativa, lo que limitaba la calidad de la enseñanza.
Deficiencias en la Universidad Privada San Carlos

En el caso de la UPSC, la resolución del Consejo Directivo N.° 024-2020-SUNEDU/CD detalló que la universidad carecía de condiciones de habitabilidad apropiadas para el desarrollo de clases, además de no cumplir sus propios planes de seguridad. Uno de sus locales no garantizaba el aforo necesario para la cantidad de estudiantes matriculados y declarados en el proceso de licenciamiento.
El informe técnico reveló que la universidad no contaba con líneas de investigación ni con presupuesto para desarrollarlas. También se identificaron irregularidades en el proceso de selección docente, pues cinco profesores solo acreditaban grado de bachiller y no demostraron experiencia previa antes de la vigencia de la actual Ley Universitaria. A ello se sumaban deficiencias en los servicios básicos como biblioteca y tópico, así como la ausencia de partidas presupuestales para becas y convenios que aseguren la inserción laboral de los egresados.
Solicitudes y medidas posteriores
La Universidad Científica del Perú presentó una solicitud a Sunedu para ampliar de manera excepcional el cese de sus actividades hasta el 16 de agosto de 2026, con el fin de subsanar las observaciones pendientes y alcanzar el licenciamiento. El pedido fue registrado en abril de este año y se encuentra en evaluación por parte de la autoridad.

En tanto, la Universidad Privada San Carlos no comunicó ninguna acción adicional y solo indicó que el cierre forma parte de un proceso de transición institucional. Por ahora, continuará brindando facilidades a sus estudiantes para obtener los documentos académicos correspondientes antes de la fecha establecida para el cese definitivo.
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