La controversia por el remolque y traslado de vehículos mal estacionados en Lima ha vuelto al centro del debate público. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en 2022, se restringió de forma clara la facultad de los municipios distritales para llevar automóviles a depósitos municipales. Sin embargo, a pesar de la decisión, la práctica continúa vigente en varios distritos de la capital, dando lugar a quejas ciudadanas y advertencias legales por parte de la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el fallo del TC, la única entidad que puede sancionar y remolcar vehículos en casos de infracción de tránsito es la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Las demás municipalidades de distrito carecen de facultad legal para usar grúas, imponer multas por mal estacionamiento o trasladar autos a depósitos, fijando la base para que cualquier acción en ese sentido sea calificada como ilegal.
¿Qué recomiendan hacer si su vehículo ha sido remolcado por un municipio distrital?
Si un conductor descubre que su automóvil fue llevado al depósito municipal por orden de una alcaldía distrital, existe un conjunto de acciones sugeridas para la defensa de sus derechos legales.
1. Conservar la calma y recopilar información Lo primero que debe hacer es identificar con exactitud cuál fue la autoridad que ordenó el retiro del vehículo. Investigue si existía señalización visible y adecuada —como la línea amarilla en el sardinel o señales de prohibido estacionar— en el lugar donde fue estacionado. Anote la dirección, la hora y versión de los testigos si están presentes.
2. Reclamo administrativo. Diríjase inmediatamente a la sede principal de la comuna distrital donde le retuvieron el coche y solicite el acta del procedimiento, la orden de remolque y copia de la multa impuesta. Es fundamental exigir un expediente con los antecedentes del retiro y la identificación del personal involucrado. Los especialistas recomiendan presentar un recurso de reclamación administrativa en el área de Tránsito y Transportes del municipio, citando el fallo del Tribunal Constitucional y el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo como fundamento.
3. Instancia penal por abuso de autoridad Si la comuna se niega a devolver el automóvil o responde de manera insatisfactoria al reclamo administrativo, el siguiente paso es considerar la vía penal. La recomendación legal realizar el pago [el cual podrá ser devuelto al prosperar la demanda] y presentar una denuncia por abuso de autoridad ante la Fiscalía contra el alcalde distrital, los regidores y cualquier funcionario implicado en el operativo, dado que están ejecutando medidas restringidas por mandato constitucional. La Defensoría advierte que ordenar el traslado sin facultad legal es motivo de investigación y puede acarrear responsabilidades administrativas y penales.
Recomendaciones para reducir riesgos
Para evitar el retiro del vehículo al depósito, expertos en tránsito insisten en el respeto a las zonas rígidas. Nunca estacione en lugares señalados con línea amarilla, ni en doble fila, veredas, puertas de garajes o postes de alta tensión. Las infracciones graves no solo pueden generar sanciones económicas, sino procedimientos engorrosos si la autoridad responsable no cumple con el debido proceso legal.
En distritos donde se ha reportado el retiro arbitrario de vehículos, como Independencia y Barranco, los ciudadanos han manifestado su desconformidad tanto por la falta de una resolución firme como por los elevados montos de cobro y la sensación de arbitrariedad. Según registros de la Defensoría, estas operaciones “no tienen razonabilidad ni proporcionalidad” y atentan contra el derecho al debido proceso sancionador.
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