En Tarma, la municipalidad provincial tuvo en las últimas décadas una flota compuesta por camiones, camionetas, motofurgonetas y maquinaria pesada para atender necesidades básicas de la ciudad y sus centros poblados. Estos bienes, adquiridos con recursos públicos o transferidos por el gobierno central, deberían contar con documentación, identificación visible y un plan de mantenimiento que garantice su operatividad. Sin embargo, los informes de control emitidos en los últimos años han señalado deficiencias en la administración de estos activos, lo que ha derivado en riesgos para la continuidad de los servicios.
El más reciente informe de la Contraloría General de la República vuelve a poner este tema en agenda. Entre julio y agosto de 2025, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Tarma realizó una visita de inspección a la flota y a los sistemas de abastecimiento de combustible, encontrando once situaciones adversas que podrían afectar la seguridad, la continuidad y la eficiencia de servicios como serenazgo, limpieza pública y obras.
Según el Informe de Visita de Control n.° 017-2025-OCI/0415-SVC, de 42 vehículos evaluados, solo 14 contaban con tarjeta de identificación vehicular. El documento, notificado al alcalde Walter Jiménez Jiménez, advierte que “varios vehículos no cuentan con Tarjeta de Identificación Vehicular, Certificado vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente (CITV)”.
Deficiencias documentales y de identificación
El equipo de control revisó la documentación de cada unidad y constató, a través de los portales oficiales de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que siete vehículos tenían el SOAT vencido, uno no registraba SOAT emitido y otro no pudo ser verificado por no contar con placa. Además, siete presentaban el CITV vencido, diez carecían de registro vigente y uno no pudo ser evaluado por la misma razón.
También se observó que 12 vehículos no portaban el logotipo ni el nombre de la entidad, dificultando su identificación como bienes de uso institucional. La normativa vigente exige que todos los vehículos estatales lleven estas señales visibles, salvo excepciones debidamente sustentadas.
El informe identifica que la municipalidad no cuenta con un plan anual de mantenimiento aprobado para la totalidad de vehículos y maquinaria pesada, pese a que la Directiva n.° 002-2020-GA-MPT lo exige. El jefe de la Subgerencia de Control Patrimonial y Maquinarias reconoció que no se elaboró dicho plan para este año. Solo cuatro unidades orgánicas tenían planes propios, elaborados de manera independiente y sin criterios unificados, mientras que otras seis no disponían de ninguno.
En materia de seguridad, las unidades carecían de elementos básicos como botiquín, extintor vigente, llave de ruedas, gata, rueda de repuesto y triángulos. Los conductores no portaban fotocheck y no existían bitácoras ni partes diarios que registren el uso de los vehículos.
Cambios no registrados y vacíos en el inventario
Durante la inspección física, la Contraloría identificó un total de 54 unidades, una más de las reportadas oficialmente. Nueve tenían información desactualizada sobre su asignación y diez vehículos, además de un cargador frontal, no estaban registrados en el Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Doce vehículos habían modificado sus características, principalmente el color, sin que esos cambios se inscribieran ante la SUNARP, lo que contraviene el Reglamento Nacional de Tránsito. Algunos no contaban con placa única, portaban placas incompletas o asignadas a otras unidades.
El informe describe inconsistencias entre el consumo reportado y los vales emitidos por el grifo, la ausencia de un plan anual de abastecimiento, la falta de evaluación trimestral y la inexistencia de un cuadro de rendimiento de maquinaria actualizado. “La situación limita el monitoreo y control del consumo de combustible, generando el riesgo de un uso ineficiente y falta de trazabilidad en su abastecimiento”, señala el documento.
Además, se detectó que no todas las unidades pernoctan en la cochera municipal. Una de las cocheras carece de guardián y no se utiliza el formulario oficial para registrar ingresos y salidas, lo que “genera riesgo de posibles pérdidas y robos de los vehículos y sus accesorios”.
El informe recomienda adoptar acciones preventivas y correctivas para garantizar la adecuada administración de la flota y maquinaria, en beneficio de los ciudadanos de Tarma. El titular de la entidad debe informar en un plazo de cinco días hábiles las medidas que se implementarán, adjuntando la documentación de sustento correspondiente.
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