
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial ampliar por 36 meses el plazo para la investigación preparatoria contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros implicados en el caso conocido como “Panama Papers”. Esta petición busca otorgar más tiempo a los fiscales para recopilar pruebas y avanzar en las diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El requerimiento fue presentado por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que tiene a su cargo esta investigación. La ampliación del plazo es fundamental para asegurar un proceso riguroso y evitar que posibles responsabilidades queden sin esclarecer.

Audiencia para evaluar la prórroga
El juez Jorge Chávez Tamariz, encargado del caso, ha programado una audiencia virtual para el próximo martes 26 de agosto a las 2:30 p.m., donde se evaluará la solicitud de prórroga con la participación de todas las partes procesales involucradas, incluido el alcalde López Aliaga y su defensa legal. Durante esta audiencia, el magistrado escuchará los argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa para tomar una decisión fundamentada.
La decisión del juez será clave para determinar si la investigación continuará por un período extendido o si se resolverá dentro del plazo inicialmente establecido. Mientras tanto, el proceso sigue en curso y bajo supervisión judicial estricta.

Contexto y enfoque de la investigación
El caso “Panama Papers” involucra una investigación sobre el presunto manejo irregular de aproximadamente un millón de soles provenientes de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima durante los años 2012 a 2014. La Fiscalía busca esclarecer el destino de estos fondos y verificar si existieron actos ilícitos relacionados con lavado de activos y corrupción.
La investigación preparatoria tiene como objetivo reunir evidencias suficientes que permitan establecer la responsabilidad penal de los involucrados, entre ellos el alcalde López Aliaga. Este proceso es fundamental para asegurar la transparencia y el cumplimiento de la ley en la administración pública.

La solicitud de prórroga permitirá a los fiscales realizar nuevas diligencias, recabar testimonios y analizar documentos que podrían ser decisivos para el caso. La complejidad de la investigación, sumada a la cantidad de información por analizar, justifica la necesidad de más tiempo para concluir con un expediente sólido.
Alcalde admite crisis de seguridad en Lima
Rafael López Aliaga, reconoció este martes que la seguridad en la capital enfrenta serias dificultades, especialmente por la falta de apoyo del Ejecutivo. Durante una rueda de prensa, coincidió con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que la violencia en Washington D. C. supera a la de otras capitales consideradas peligrosas, entre ellas Lima. López Aliaga subrayó que el gobierno actual “no ha invertido ni un centavo en Lima”, poniendo en evidencia la carencia de recursos destinados a la seguridad ciudadana.
En ese sentido, el burgomaestre criticó la falta de apoyo oficial a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al serenazgo distrital, y reveló que la municipalidad ha debido cubrir con sus propios recursos la compra de equipamiento.
“Pedimos motos hace tres años y no nos dieron nada. Hemos tenido que abastecer con los ahorros de la municipalidad con 3 mil motos para la PNP y mil motos para serenazgos distritales que no tienen plata. Le hemos pedido cámaras”, afirmó, destacando la precariedad en la dotación de materiales esenciales para la seguridad.
Asimismo, López Aliaga resaltó la labor del Grupo Especial de Inteligencia Municipal (GEIM), dirigido actualmente por el general en retiro José Baella y conformado por 40 personas que trabajan especialmente en casos de sicariato. En ese sentido, pidió a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo comunicándose con el general Baella a través del teléfono 6101010, mostrando el compromiso municipal en combatir la inseguridad pese a las limitaciones presupuestales.
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