Región Ica bajo lupa por fuerte presencia de pesca ilegal, revela la Sociedad Nacional de Pesquería

En Paracas, los pescadores artesanales han alertado sobre la utilización de explosivos en actividades de pesca clandestina, una práctica que ha provocado la disminución drástica de especies como los choritos en esa zona

La pesca ilegal no solo pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, sino que además alimenta el desarrollo de otras actividades criminales.
La pesca ilegal no solo pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, sino que además alimenta el desarrollo de otras actividades criminales. Foto: FAO
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La pesca ilegal se está consolidando como una amenaza latente a lo largo del litoral peruano, y la región Ica destaca entre las zonas más afectadas, según alertó la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Esta actividad ilícita no solo atenta contra los recursos marinos, sino que también contribuye al avance de otras prácticas delictivas que generan inseguridad en diversas regiones del país.

Jessica Luna, presidenta de la SNP, advirtió que si no se adoptan medidas urgentes, este fenómeno podría escalar al nivel de gravedad de la minería ilegal. “La alerta que hemos levantado desde la SNP es que hay que poner el foco sobre la pesca ilegal. El no hacer nada puede hacer que se convierta en otra minería ilegal (...) Esto lo que hace es alimentar otras actividades ilegales como la extorsión, el sicariato y la inseguridad que todos vivimos”, declaró.

Impacto económico de la pesca ilegal

La pesca ilegal le está costando al Perú más de S/ 1.200 millones anuales, según estimaciones de la FAO. Este problema no solo representa un golpe económico, sino que también amenaza la sostenibilidad de los recursos marinos, la seguridad alimentaria y el bienestar de miles de familias que dependen de la pesca artesanal.

Tanto embarcaciones peruanas como extranjeras realizan capturas sin autorización, muchas veces desembarcando y exportando desde puertos nacionales sin mayor control. Entre las prácticas más comunes figuran la pesca en áreas marinas protegidas, la invasión de las cinco millas reservadas exclusivamente para la pesca artesanal por embarcaciones de mayor escala, el uso de redes de arrastre y el incumplimiento de los cierres temporales establecidos para preservar especies.

A esto se suman otras infracciones graves, como el descarte de especies no reportadas y la captura de peces juveniles por encima de los límites legales. Sin un marco legal sólido ni tecnología adecuada para fiscalizar, resulta difícil detectar y sancionar estas actividades. Además, el país carece de organismos independientes con facultades efectivas para hacer cumplir las normas.

Combatir la pesca ilegal es urgente. No solo deteriora los ecosistemas marinos, también distorsiona el mercado, pone en riesgo la alimentación de muchas comunidades costeras y pone en peligro la vida de quienes trabajan en el mar.

La expansión sin control de la pesca artesanal ha dado lugar a un entorno marcado por la informalidad generalizada.
La expansión sin control de la pesca artesanal ha dado lugar a un entorno marcado por la informalidad generalizada. Foto: Portal Ambiental

¿A qué se le considera pesca ilegal en Perú?

En el Perú se considera pesca ilegal aquella actividad que transcurre sin autorización oficial, ignora temporadas cerradas o incumple cuotas y distancias establecidas, incluyendo el uso de artes prohibidos y extraer recursos en áreas protegidas o vedadas, como reservas marinas. También abarca la pesca no declarada o no regulada cuando se falsifican reportes sobre peso o especies capturadas, lo que altera la información estadística y dificulta la gestión sostenible.

Entre los métodos más destructivos y prohibidos figuran la pesca con explosivos, el arrastre de fondo, redes wie el “chinchorro” que arranca organismos indiscriminadamente del fondo marino, o maniobras como el “traqueo”, que capturan casi la totalidad de un cardumen sin respetar talla ni selectividad, agravando el daño ecológico y perjudicando a los pescadores legales. Estas prácticas también obstaculizan el monitoreo y favorecen la competencia desleal, con pérdidas millonarias para el Estado y para quienes respetan la normativa

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