Un nuevo cuestionamiento contra la congresista de Alianza para el Progreso, María Acuña. Este último año la hermana de César Acuña ha sido mencionada en diversos casos por su cuestionable papel como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cargo que nunca tuvo que haber aceptado, según denunció Panorama.
El dominicial reveló que María Acuña tiene un proceso penal abierto por presunto fraude procesal y denuncia calumniosa, situación que le impedía asumir como presidenta de la Subcomisión. Y es que el artículo 20 del Reglamento del Congreso establece que los congresistas están prohibidos de integrar, entre otros, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “cuando se encuentre comprendidos en procesos penales”.
En junio de 2023 el empresario Sergio Ciccia denunció a la parlamentaria por presuntamente haberlo denunciado calumniosamente y haber falsificado partes de un contrato que suscribieron. Un año después, en junio de 2024, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal formalizó la investigación preparatoria, es decir, se oficializó el proceso penal.
“La congresista María Acuña no debió presidir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque tenía un proceso abierto”, asevera el exoficial mayor del Congreso y exministro del Interior José Elicce. “Debió informarlo. Es su deber. El reglamento del Congreso equivale a una ley orgánica”.

Al ser abordada por Panorama, María Acuña intentó minimizar la situación alegando que “el tema es de la empresa” y dejar entrever que “seguramente no teníamos conocimiento” de la decisión del Ministerio Público. Ello pese a que declaró ante la Fiscalía sobre este caso en 2023.
“Yo voy a averiguar y luego nos ponemos de acuerdo y voy a darte declaraciones. (Usted fue citada para dar su testimonio en el 2023, o sea, usted sabía). Pero es un tema del gerente como te digo. (Está aca su nombre también) Por supuesto, yo me voy a poner en contacto con mi gerente, voy a tener la información y luego nos ponemos de acuerdo”, respondió la parlamentaria evidentemente nerviosa.
Con María Acuña como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se archivaron denuncias constitucionales como las del caso Rolex y las muertes en protestas contra Dina Boluarte. El último blindaje fue a favor de Patricia Benavides. La calificación de la denuncia constitucional no estaba en agenda, pero el fujimorismo pidió que se priorice. Acuña no se negó.

El caso
La investigación por fraude procesal y denuncia calumniosa contra María Acuña tiene origen en Chiclayo. Ahí el empresario Sergio Ciccia y la empresa de la congresista, Los Alizos, acordaron que esta última entregaría lotes al empresario a cambio de que este haga obras de habilitación urbana. Sin embargo, la compañía de la legisladora no cumplió su parte del trato y denunció.
“Me hizo una falsa denuncia diciendo que yo había falsificado los documentos cuando en realidad la que la había adulterado era ella misma”, dijo Sergio Ciccia a Panorama. “Deben haber sido unos 15 a 20 lotes y deben estar valorizados en $40,000 cada uno más o menos. Ahora a su precio actual”.
Una pericia de la Policía confirmó que la firma supuestamente adulterada por el empresario sí fue realizada por María Acuña. Con dicha prueba, el empresario procedió a denunciar a la parlamentaria.
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