La ejecución del laudo arbitral del Metro de Lima por parte del conglomerado español ACS, propiedad del empresario Florentino Pérez -dueño también del Real Madrid-, permanece suspendida de manera provisional a nivel internacional, mientras avanza el proceso de anulación solicitado por el Estado peruano, precisó en un reciente comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esta medida, adoptada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), responde a la petición formal del Perú y se mantendrá vigente hasta que el Comité Ad hoc emita una decisión definitiva, prevista para el último trimestre de 2025.
Ejecución del laudo del Metro de Lima sigue suspendida a nivel internacional
La suspensión internacional de la ejecución del laudo arbitral sobre el Metro de Lima impide que cualquier tribunal, en cualquier país, pueda hacerla efectiva mientras continúe el proceso de anulación. Según el MEF, cualquier decisión judicial extranjera que ignore esta suspensión contravendría el Convenio CIADI y el derecho internacional.
Esta precisión surge tras recientes informaciones sobre intentos de ejecutar el laudo en Luxemburgo por parte del conglomerado español ACS de Florentino Pérez, lo que ha llevado al despacho del ministro Raúl Pérez Reyes a coordinar con la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), responsable de la representación procesal ante cortes extranjeras en estos procedimientos.
Luxemburgo, en la mira por intentos de ejecutar laudo del Metro de Lima
El origen de esta controversia se remonta al caso Metro de Lima Línea 2 S.A. contra la República del Perú, identificado como Caso CIADI No. ARB/17/3. El 4 de marzo de 2025, la Secretaría General del CIADI registró la solicitud de anulación parcial presentada por el Estado peruano. Ese mismo día, a instancias del Perú, se suspendió provisionalmente la ejecución del laudo, una decisión que sigue en vigor mientras el Comité Ad hoc evalúa los argumentos presentados.
En su solicitud, el Estado peruano sostiene que el Tribunal Arbitral cometió errores graves que justifican la anulación bajo el Convenio CIADI. Entre los puntos señalados, el Perú alega la inaplicación del derecho nacional, que había sido acordado por las partes, y el uso indebido del principio de equidad.
El cuestionamiento central recae sobre indemnizaciones superiores a 170 millones de dólares, 11 millones de euros y S/27 millones, que, según el Estado, carecen de justificación legal adecuada. Estas sumas incluyen conceptos como sobrecostos inciertos de subcontratistas y daños sin respaldo técnico.
CIADI mantiene suspendida la ejecución del laudo arbitral del Metro de Lima
El MEF enfatiza que la suspensión provisional implica la imposibilidad de ejecutar el laudo en cualquier jurisdicción mientras el proceso de anulación siga abierto y no exista una decisión definitiva sobre la suspensión. De acuerdo con el ministerio, cualquier corte que ignore esta situación estaría infringiendo el Convenio CIADI y el marco del derecho internacional.
En respuesta a los intentos de ejecución en Luxemburgo, el MEF ha intensificado la coordinación con la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que asume la representación procesal ante tribunales extranjeros en estos casos, conforme a la normativa vigente.
Además, la defensa del Estado peruano ante el CIADI cuenta con el respaldo de la Comisión Especial y la asesoría legal del estudio internacional Squire Patton Boggs, con el objetivo de proteger los intereses nacionales y obtener una resolución justa respecto al laudo.
El MEF reitera su compromiso con la defensa rigurosa del Estado en foros internacionales, la observancia del derecho internacional y la coordinación interinstitucional para garantizar una estrategia legal sólida que resguarde los recursos públicos y el desarrollo económico del Perú.
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