La Red de Veedurías Regionales Mirada Ciudadana, conformada por más de 130 organizaciones de base en diversas regiones del país e impulsada por CHS Alternativo, emitió este miércoles un pronunciamiento público para alertar sobre la alarmante expansión del delito en el Perú e invocar al Estado un compromiso real. “Exigimos un presupuesto específico, presencia efectiva y justicia para las víctimas”, afirmaron.
La misiva fue difundida en el marco del día mundial contra el delito. El Ministerio Público reportó 942 denuncias entre enero y junio de 2025, con 1,229 víctimas identificadas. Sin embargo, la mayoría de casos no recibe reparación ni sentencias, mientras las redes criminales operan con total impunidad. El 73 % de las víctimas son mujeres y el 33 % corresponden a niñas, niños y adolescentes.
Lima concentra el 35 % de los casos, seguida por Arequipa (19 %) y Piura (13 %). No obstante, regiones como Madre de Dios, Cusco, Puno y Loreto, zonas conocidas por la captación y explotación de víctimas, permanecen invisibilizadas en las estadísticas oficiales. La falta de denuncia, normalización del delito y escasa coordinación interinstitucional dificultan una respuesta efectiva.
En Madre de Dios, la situación es crítica. En zonas mineras informales como La Pampa, miles de personas sufren explotación sexual y laboral en “prostibares”. En 2024, la Fiscalía registró 111 víctimas en esta región, pero la justicia no responde adecuadamente. “Hay decenas de expedientes con pruebas de captación, traslado y explotación, pero poco se sabe sobre imputados, procesados o sentenciados. La percepción de impunidad y corrupción persiste, dejando a las víctimas sin justicia ni reparación”, señalaron.
En Cusco, se ha detectado la venta de recién nacidos, modalidad de trata que salió a la luz en 2023 con la denuncia de un centro clandestino que comercializaba bebés por sumas entre 500 y 700 soles. “La red operaba con documentos falsos y usaba redes sociales para captar compradores”. A pesar de intervenciones, la región sigue siendo crítica: en 2024 se reportaron 41 víctimas, principalmente niñas, niños y adolescentes. En el primer semestre de 2025 se registraron 5,527 casos de violencia sexual.
Puno enfrenta una emergencia por la desaparición de menores vinculados a la trata. En 2024, se reportaron 644 desaparecidos, de los cuales 356 eran niñas, niños o adolescentes, y solo 193 fueron ubicados. La situación empeora en 2025 con 199 nuevas desapariciones en tres meses. “La ineficacia de los mecanismos de búsqueda y la pasividad de la Red Regional de Lucha contra la Trata agravan la situación”, advirtieron.
Loreto sufre abandono institucional. La veeduría regional detectó que el gobierno regional y locales actúan de forma lenta e ineficaz ante el aumento de la trata y la violencia de género. No existen estadísticas compartidas ni presencia estatal en comunidades clave como Mariscal Ramón Castilla, Putumayo y Maynas.
“El narcotráfico recluta adolescentes para la siembra de hoja de coca y la minería ilegal ha contaminado ríos, generando trabajo forzoso en comunidades enteras”, denunciaron. Pese a la gravedad, no hay intervenciones integrales.
Pedido
Las organizaciones expresaron su “profunda preocupación por la pasividad estatal” y exigieron que el Estado “asuma con seriedad y urgencia su responsabilidad, destinando mayor presupuesto para la prevención y persecución del delito, así como para la atención integral a las víctimas y la reparación correspondiente”. Solicitaron, además, “una presencia territorial real, acceso a información pública transparente y acciones sostenidas”.
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