El juez supremo y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, César San Martín, aseguró que el caso por el que Patricia Benavides fue suspendida no se formalizará por el blindaje de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
“Es público y notorio que la Fiscalía el 12 de junio formuló denuncia constitucional por estos hechos, (...) pero también es público y notorio que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha declarado improcedente esta denuncia. Si esto es así, ¿qué pasa?“, preguntó San Martín a la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
La fiscal confirmó que la Subcomisión rechazó admitir a trámite la denuncia constitucional, pero precisó que tomaron conocimiento de ello “por los medios” de comunicación y que no existe una notificación oficial remitida por el oficial mayor del Congreso. “Lo que se ha dicho es un archivo, pero no se ha hablado de improcedencia porque lo cierto es que hay un informe de procedencia en el Congreso”, dijo.
A lo que César San Martín replicó: “A día de hoy, entonces, por los conocimientos que se tiene de fuente abierta, ya este caso (contra Patricia Benavides) no procede por mandato del Congreso. No hay resolución acusatoria de contenido penal”.
La fiscal Alejandra Cárdenas indicó que, “si el informe de procedencia perdió, tendrían que emitir el informe de improcedencia o de archivo”. “Y ese informe se debe remitir a la Comisión Permanente. (...) Entendemos que esta es la situación por la cual hasta ahora no se nos ha notificado”, agregó.
Buscan segunda suspensión
“La señora Patricia Benavides sigue tan en la calle como el día que dictó la resolución el señor juez supremo de investigación preparatoria. Esa es la realidad de los hechos”. Con esta afirmación, el abogado Humberto Abanto sintetizó ante la Sala Penal Permanente la situación actual de la exfiscal de la Nación, en el marco de la audiencia celebrada el miércoles 30 de julio.
El Ministerio Público busca que se dicte una segunda suspensión contra la exfiscal, esta vez por un periodo de 36 meses, bajo la acusación de haber liderado una organización criminal desde la cúpula de la institución durante su gestión.
El origen de este proceso se remonta a 2024, cuando la fiscal Delia Espinoza solicitó al Poder Judicial la suspensión de Benavides por tres años, en el marco del denominado caso Valkiria. Sin embargo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria desestimó el pedido, argumentando que la exfiscal ya había sido destituida por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que, a juicio del tribunal, hacía innecesaria la medida cautelar.
Ante esta decisión, la Fiscalía interpuso una apelación con el propósito de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anule el fallo y ordene a la primera instancia emitir un pronunciamiento de fondo, es decir, que evalúe los elementos presentados y determine si corresponde o no la suspensión solicitada.
Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto supremo Oscar Miranda Orrillo expuso los argumentos por los cuales considera que el Juzgado Supremo incurrió en un error al declarar la sustracción de la materia. La Fiscalía sostiene que, pese a la destitución formal, existen circunstancias que podrían permitir el retorno de Benavides, por lo que resulta imprescindible que el Poder Judicial se pronuncie sobre el fondo del pedido de suspensión.
Por su parte, la defensa de Benavides, encabezada por Humberto Abanto, solicitó que se rechace la apelación y se confirme la decisión del Juzgado Supremo. Abanto argumentó que Benavides no ejerce actualmente ni el cargo de fiscal suprema ni el de fiscal de la Nación, debido a la resistencia de la Junta de Fiscales Supremos a acatar el mandato de la JNJ. Este desacato, según la defensa, ha motivado que la JNJ inicie una investigación preliminar contra los fiscales supremos involucrados.
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