Cerca de 325.000 peruanos han firmado una petición para impedir la pesca industrial en áreas protegidas como la Reserva de Paracas, mientras la Corte Suprema se prepara para pronunciarse sobre el futuro de esta zona en un proceso judicial paralelo. En este contexto, la atención pública se concentra en la inminente decisión de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, donde tres jueces determinarán el destino de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) marinas del Perú.
La resolución que adopten Oswaldo Alberto Ordoñez Alcántara, Andrés Fortunato Tapia Gonzales y Bacilio Luciano Cueva Chauca podría marcar un antes y un después en la política de conservación marina del país, según lo reportado por diversas organizaciones y especialistas.
Corte de Lima decidirá sobre pesca industrial en reservas marinas
La controversia se intensificó tras la audiencia judicial del 20 de marzo de 2025, cuando la organización Oceana presentó una demanda de Acción Popular para impugnar el Artículo 5.2 del Decreto Supremo N° 008-2021-MINAM. Esta disposición permite la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, una medida que, de acuerdo con Oceana, contradice los objetivos de protección de la reserva y vulnera compromisos internacionales asumidos por el Perú.
La organización sostiene que la autorización de pesca industrial en los primeros 1.000 metros de profundidad representa una contradicción grave entre los fines de conservación. Especialistas han comparado esta situación con “declarar una reserva a nivel del suelo, pero permitir la cacería de las especies que habitan en la copa de los árboles”.
Pero el núcleo del debate jurídico gira en torno a la interpretación de los llamados “derechos adquiridos”. El Estado peruano defiende que los permisos de pesca constituyen un derecho inalienable para la industria pesquera, permitiéndole operar en áreas donde ya lo hacía antes de la creación de la reserva.
La organización Oceana rebate este argumento y afirma que los permisos de pesca son habilitaciones administrativas, no derechos de propiedad sobre el mar, y que el Estado peruano conserva la potestad de regular y establecer límites para la conservación de los recursos marinos.
Oceana demanda anular norma que permite pesca en Dorsal de Nasca
Permitir la pesca industrial en áreas protegidas, advierte la organización, no solo tendría impactos directos sobre la biodiversidad —como la captura incidental, la reducción de alimento y la contaminación—, sino que también sentaría un precedente peligroso que podría extenderse a otras reservas, incluida la de Paracas.
La demanda de Oceana alega que el Decreto Supremo N° 008-2021-MINAM es inconstitucional e ilegal, ya que atenta contra el derecho a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en la Constitución peruana, y contradice la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
Además, se argumenta que la norma viola el Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, el cual exige la prohibición de actividades dañinas en estas zonas. La organización ambientalista subraya que la decisión de los jueces podría afectar la integridad del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) y la promesa de un mar peruano sano y sostenible.
Paracas al fallo contra la pesca industrial: ¿quiénes son los tres jueces?
El perfil de los magistrados que decidirán este caso también ha cobrado relevancia en el debate público. Oswaldo Alberto Ordoñez Alcántara, presidente de la sala, cuenta con una trayectoria consolidada como Juez Superior Titular y ha presidido la Corte Superior de Justicia de Lima. Su experiencia incluye el liderazgo en la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y la participación en foros internacionales, lo que le otorga un conocimiento profundo del marco legal y de los derechos fundamentales, incluidos los ambientales.
Andrés Fortunato Tapia Gonzales, también Juez Superior Titular, ha trabajado en salas civiles y comisiones vinculadas al ámbito constitucional, y ha intervenido en casos de alto perfil, lo que resalta la importancia de su papel en una decisión que enfrenta la protección ambiental y los intereses económicos.
Por último, Bacilio Luciano Cueva Chauca, con experiencia en diversas especialidades, integra la Primera Sala Constitucional de Lima y su voto en junio de 2024 fue decisivo para rechazar el pedido del Congreso de suspender el proceso de amparo de los exmagistrados de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, una decisión que el tribunal justificó “en defensa de nuestros fueros”.
La cuestión del juez Bacilio Cueva Chauca: su cercanía con Patricia Benavides
No obstante, el nombre de Bacilio Cueva Chauca ha sido mencionado en investigaciones en curso. En mayo de 2024, Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, declaró que seis magistrados, incluido Cueva, coordinaron para archivar un caso y frenar investigaciones de la JNJ contra Patricia Benavides. Villanueva afirmó que el juez Cueva intercedió ante otra jueza para obstaculizar indagaciones de la JNJ.
Posteriormente, en septiembre de 2024, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso la incorporación de Bacilio Cueva en la investigación contra Patricia Benavides por el delito de tráfico de influencias, basándose en la versión de Villanueva sobre supuestas coordinaciones para obtener apoyo en una demanda competencial contra la JNJ.
Decisión judicial sobre pesca industrial marcará precedente nacional
Finalmente, cabe resaltar que la sociedad civil y expertos han manifestado inquietud ante propuestas del Ministerio de la Producción que buscarían reducir la capacidad de sancionar la pesca industrial en áreas protegidas.
En paralelo, la Corte Suprema decidirá el futuro de la Reserva de Paracas, donde la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) demandó al Estado peruano para obtener autorización para pescar en la reserva. Como se recuerda, el primer fallo resultó desfavorable para el gremio industrial, que apeló y ahora el proceso se encuentra en la instancia superior.
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