Empresas de transporte pierden 10 millones de soles al mes por extorsión, según la Cámara Internacional

La Cámara Internacional de la Industria del Transporte alertó sobre el grave impacto económico que enfrentan las empresas formales del sector a raíz de la extorsión sistemática ejercida por organizaciones criminales. Según su director, Martín Ojeda, se estima que el cobro de cupos alcanza cifras que superan los S/ 10 millones al mes, lo que afecta de manera directa la sostenibilidad de cientos de operadores en Lima y otras regiones del país.

Durante una entrevista en Canal N, el vocero gremial detalló que más de 350 empresas formales se ven forzadas a pagar sumas que pueden llegar hasta los S/ 60 mil mensuales, dependiendo del número de rutas o zonas en las que operan. Algunas unidades deben cubrir hasta cinco cupos diferentes para evitar represalias, lo que ha llevado a varios empresarios a denunciar estos hechos ante el gremio, muchas veces bajo reserva por temor a represalias.

Extorsión organizada y sin freno

De acuerdo con la Cámara Internacional, los cobros ilegales no son casos aislados, sino una práctica extendida que involucra a la mayoría del transporte formal. El cálculo del gremio se sustenta en reportes recogidos entre empresarios del rubro y cifras compartidas con la Policía Nacional del Perú. Ojeda precisó que la extorsión afecta aproximadamente al 80 % de las compañías, que deben entregar pagos mensuales que varían entre S/ 30 mil y S/ 60 mil, dependiendo de la presión ejercida por las mafias y del tamaño de la flota.

Algunas empresas reportan hasta cinco puntos de cobro distintos en diversas zonas de Lima y Callao. Cada punto representa un grupo criminal diferente, lo que incrementa el monto total que deben desembolsar para seguir operando sin ataques ni amenazas. En la mayoría de los casos, los extorsionadores exigen transferencias o pagos en efectivo con frecuencia semanal o diaria, lo que genera una carga económica constante e insostenible para el operador.

Empresas formales bajo amenaza

La Cámara remarcó que muchas empresas han preferido guardar silencio por temor a represalias contra sus trabajadores y unidades. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a reportarse con más frecuencia denuncias de empresarios que buscan respaldo gremial ante la falta de respuesta estatal. Según Ojeda, el gremio ha recibido múltiples llamadas y mensajes de operadores que ya no pueden afrontar más pagos y temen por la seguridad de sus empleados.

El cobro de cupos no solo afecta al rubro empresarial. En algunos casos, también ha derivado en atentados contra conductores, cobradores o administradores de líneas. Si bien el número exacto de víctimas fatales no fue mencionado durante la entrevista, Ojeda indicó que la extorsión ya ha dejado “muertes y mucho dolor” en el sector. Esta situación se suma a los constantes reclamos por la falta de intervención directa por parte de las autoridades competentes.

Críticas al Congreso y al Ejecutivo

Ojeda expresó su malestar por la ausencia de medidas efectivas desde el Estado. Recordó que, tras la paralización convocada por el gremio el pasado 10 de abril, se logró una primera reunión con representantes del Ejecutivo y del Congreso, donde se firmó un acta de compromisos para mejorar la seguridad en el transporte. Sin embargo, denunció que en la segunda reunión, llevada a cabo treinta días después, no se presentó ningún avance concreto por parte de las autoridades.

El dirigente advirtió que la indiferencia de las instituciones ha profundizado la crisis del sector, ya que muchos operadores no encuentran respaldo para denunciar sin poner en riesgo su integridad. Además, remarcó que los pagos por extorsión no tributan al Estado, lo que implica una doble pérdida: el perjuicio para los empresarios y la evasión tributaria generada por estos cobros ilegales. También pidió a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) intervenir en los casos donde se detecten empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales, aunque aclaró que esta evasión no justifica las extorsiones.

Demandas del gremio

La Cámara Internacional exigió que el Gobierno ubique y desarticule a los cabecillas de las redes de extorsión que operan en el país. Ojeda señaló que el transporte público no debe ser un espacio politizado ni manipulado por intereses ajenos al bienestar de los ciudadanos. “No vamos a aceptar que el transporte se politice. Somos claros en el tema”, afirmó. Añadió que la urgencia es frenar el avance de las mafias, no convertir el sector en un campo de disputas partidarias.

El gremio ha insistido en que el dinero que hoy se pierde en pagos ilegales podría ser utilizado para renovar flotas, implementar mejoras tecnológicas o fortalecer el sistema de transporte público. Pese a ello, la inacción estatal ha llevado a que muchas empresas consideren reducir sus operaciones o, en algunos casos, abandonar rutas consideradas peligrosas. La Cámara subrayó que sin un plan coordinado de seguridad, el sector continuará sometido a amenazas, pérdidas económicas y violencia.