Las redes de robo hormiga han tejido en Lima, la capital peruana, una economía subterránea con doble rostro: hurtan productos de tiendas exclusivas para luego abastecer de mercancía a los principales mercados ilegales de la ciudad, según reveló una reciente investigación de Panorama.
Cámaras, agentes encubiertos y registros policiales revelan el circuito clandestino de los llamados “tenderos exclusivos”, una estructura que opera entre las estanterías de los comercios más lujosos hasta las anaqueles de conocidos supermercados.
Bajo el disfraz de clientes respetables, estos delincuentes perfeccionan técnicas para vulnerar la vigilancia. Lo que parece una rutina inofensiva en supermercados o tiendas retail de renombre encubre una logística precisa, con roles repartidos y estrategias para distraer a empleados y sortear sistemas de seguridad.
Mochilas con doble fondo forrado en aluminio, carteras amplias y complicidad de “campanas” forman parte del arsenal usado por quienes vacían anaqueles y colgadores en segundos.
Todo tipo de productos
El valor de lo sustraído sorprende por su magnitud. Prendas de vestir de marcas internacionales, cosméticos, bebidas alcohólicas de edición limitada o productos importados de alta demanda dejan las tiendas por departamento sin dejar rastro hasta que la Policía Nacional interviene.
En uno de los registros, agentes de la comisaría de Miraflores frustraron la huida de un joven que, con movimientos estudiados y una actitud despreocupada, logró reunir más de 2.000 soles en ropa en cuestión de minutos antes de ser detectado por las cámaras de videovigilancia de una conocida tienda por departamento.
No solo grandes cadenas sufren estos ataques. Bodegas de barrios acomodados como San Isidro, Barranco y Miraflores también figuran como blancos frecuentes debido a la facilidad de acceso y la variedad de productos disponibles.
Los métodos de los tenderos en estos locales pequeños incluyen la distracción de las cajeras, el uso de carteras de gran tamaño y la simulación de compras convencionales. La audacia de estos robos impresiona tanto a los propietarios como a los agentes de seguridad: el registro de una sola jornada delectiva puede arrojar hasta 24 latas de atún o varios productos de aseo personal en manos de un solo ladrón.
El perfil de los involucrados va desde jóvenes adultos hasta personas aparentemente profesionales, e incluso mujeres con niños de corta edad. Se han documentado casos en los que se utiliza la maternidad como fachada, ocultando prendas dentro de cochecitos o ropa personal mientras simulan compras ordinarias para evitar levantar sospechas.
¿A dónde va a parar todo?
El mercado negro es el eslabón final de esta cadena. Zonas conocidas como Tacora, en el límite entre el Cercado de Lima, La Victoria y El Agustino, funcionan como puntos de venta consolidados. Allí, la mercancía robada se comercializa con precios significativamente inferiores al mercado formal.
Etiquetas de supermercados aún adheridas, productos de estreno y colecciones de temporada llenan los estantes improvisados de estos bazares ilegales y al paso, donde la ley y la supervisión están ausentes.
Las estructuras delictivas han diversificado su mercancía, ofertando desde prendas de alta costura de marcas como Givenchy hasta electrónicos, cosméticos, licores y artículos de uso doméstico.
“Todo lo que vendo es original”
Entre conversaciones a media voz, compradores y vendedores negocian cantidades, precios y procedencia. “Todo lo que te vendo es original”, afirma una comerciante rodeada de camisas, pantalones y colonias con logotipos de tiendas reconocidas. Un jean que en una boutique puede costar 249 soles se termina vendiendo en estos mercados por menos de la mitad.
La magnitud del flujo ilícito resulta difícil de dimensionar. Según informes del sector retail, las pérdidas por robos en Lima alcanzan montos de miles de millones de soles al año, una cifra que crece con el auge del comercio informal pospandemia.
La receptación de bienes robados -adquirir, almacenar o comercializar productos de procedencia dudosa- está penada por la ley, pero las sanciones resultan insuficientes para frenar la reincidencia. La pena máxima prevista para estos delitos alcanza apenas los cuatro años de prisión, con la posibilidad de suspensión, lo que permite que muchos tenderos regresen rápidamente a las calles y tiendas donde opera el circuito.
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