La situación judicial del expresidente Martín Vizcarra se definirá este lunes 22 de julio, cuando la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional evalúe si corresponde dictar seis meses de prisión preventiva en su contra. El exmandatario es investigado por presuntos actos de corrupción durante su gestión como presidente regional de Moquegua. La audiencia se desarrollará de forma virtual desde las 11 de la mañana.
El tribunal analizará el recurso de apelación presentado por el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, quien solicita revocar la resolución emitida por el juez Víctor Alcocer el pasado 27 de junio. En ella, el magistrado rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva, al considerar que no se cumplían los requisitos para imponer esa medida.
Casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua
Según el Ministerio Público, Vizcarra habría recibido sobornos por favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de dos obras emblemáticas: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Por estos hechos, se le imputa el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
El fiscal Juárez Atoche alega que la resolución del juez carece de una adecuada motivación y, por tanto, vulnera el debido proceso. Además, sostiene que la gravedad de los hechos y la pena solicitada —15 años de prisión— justifican la aplicación de prisión preventiva para evitar un eventual peligro de fuga.
Defensa apela restricciones impuestas
De manera paralela, la Sala Penal también evaluará la apelación interpuesta por la defensa legal del exmandatario, que busca anular las medidas de comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país por seis meses. Esta medida fue dictada también por el juez Alcocer dentro del mismo proceso penal.
La defensa argumenta que no hubo un pedido previo de variación de medidas, que ya existía un impedimento de salida anterior, y que no se presentaron elementos sólidos para justificar los supuestos riesgos procesales. Asimismo, rechazan que Vizcarra carezca de arraigo laboral y señalan que se incurrió en afirmaciones falsas en la resolución impugnada.
Juicio en curso y expectativa
Cabe señalar que Vizcarra actualmente afronta juicio oral ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, por los mismos hechos investigados. En ese proceso, el fiscal Juárez ha reiterado su pedido de 15 años de cárcel contra el exmandatario por presunto cohecho.
La decisión que adopte la Sala Penal de Apelaciones el próximo 22 de julio será clave para el desarrollo del proceso judicial. De ordenarse prisión preventiva, Vizcarra deberá cumplir seis meses de detención mientras continúa el juicio. Por el contrario, si se rechaza el pedido, el expresidente podrá continuar su defensa en libertad, aunque bajo medidas restrictivas.
PJ rechazó prescribir acusación fiscal
El pasado 14 de julio, el juez Víctor Alcocer de la Corte Superior Nacional rechazó el pedido de prescripción presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por presunta colusión simple durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. El caso está vinculado a presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua.
La defensa legal de Vizcarra, liderada por el abogado Erwin Siccha, argumentó que los plazos de prescripción —tanto ordinaria como extraordinaria— ya habrían vencido, al considerar que el delito no generó un perjuicio económico directo al Estado. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría Pública sostuvieron que los actos de colusión comprometen el patrimonio público, incluso si no hay daño efectivo, y por ello corresponde duplicar los plazos de prescripción.
El magistrado respaldó la postura fiscal y recordó que el delito de colusión simple puede sancionarse con hasta seis años de prisión, pero al tratarse de un delito contra el patrimonio del Estado cometido por un funcionario público, el plazo se duplica a doce años. Además, concluyó que la acusación fiscal se formalizó dentro de ese plazo y que hubo actos procesales que interrumpieron o suspendieron la prescripción, por lo que la investigación continuará su curso.
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