Una operación policial multinacional, coordinada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a través de la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima (I2LEC), logró un golpe significativo a las redes transnacionales dedicadas a la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre y otros delitos ambientales en la cuenca del Amazonas. La ofensiva, que tuvo lugar entre el 23 de junio y el 6 de julio, involucró a más de 1.500 agentes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Como resultado de este operativo, conocido como la “Operación Escudo Verde”, las autoridades incautaron bienes por un valor superior a los 64 millones de dólares y arrestaron a 94 personas.
La operación tiene como objetivo frenar actividades ilegales que no solo dañan la biodiversidad de la región, sino que también afectan gravemente a las comunidades locales, especialmente las indígenas. Según la teniente coronel Dana Humaid, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior de los EAU, los delitos ambientales “desplazan comunidades, fomentan la violencia contra mujeres y niños, y erosionan el patrimonio cultural”.

Resultados concretos de la operación
La ofensiva resultó en la incautación de más de 310 toneladas de minerales en bruto, 3.800 metros cúbicos de madera ilegalmente extraída, 39 mil galones de combustible de contrabando y más de 530 piezas de equipo, que incluyen camiones y excavadoras utilizadas para actividades ilegales. Además, las autoridades recuperaron más de 2.100 animales vivos y 6.350 especímenes muertos de diversas especies, incluidos aves, reptiles y mamíferos, que eran traficados ilegalmente a través de redes criminales.
Las redadas se llevaron a cabo simultáneamente en varias regiones de la Amazonía, afectando tanto a áreas en Brasil como en Perú, Colombia y Ecuador. En Brasil, las operaciones incluyeron el estado de Mato Grosso, hogar de pueblos indígenas como los Nambikwara, y el estado de Amapá, mientras que en Perú se realizaron operativos en la provincia de El Cenepa, en la región Amazonas, que alberga a la comunidad Kumpanam.

En Colombia, los agentes del orden fueron desplegados en al menos 22 departamentos, y en Ecuador, se extendieron por diversas provincias, desde Carchi hasta Loja. El centro de mando para coordinar la operación se estableció en Bogotá, Colombia, desde donde se intercambiaron datos en tiempo real, lo que facilitó la sincronización de los operativos.
Desarticulación de redes criminales
Uno de los logros más destacados de la operación fue el rescate de 1.400 animales y la desarticulación de varias redes criminales que operaban en la región. En Perú, las autoridades lograron desmantelar un grupo conocido como “Los Depredadores del Oriente”, que estaba involucrado en el tráfico de especies en peligro de extinción.

En Colombia, la operación también permitió desmantelar tres grupos criminales y una célula vinculada al Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Estos avances subrayan la efectividad de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado que afecta la región amazónica.
A pesar de los logros alcanzados, las autoridades han señalado que la lucha contra la minería ilegal y otros delitos ambientales en la Amazonía continúa. La operación ha abierto la puerta a nuevas investigaciones y es probable que se produzcan más arrestos e incautaciones en los próximos meses. Además, se ha destacado la importancia de seguir utilizando tecnologías de geolocalización basadas en satélites, que permitieron a las autoridades coordinar sus esfuerzos en tiempo real, lo que resultó en una de las operaciones más sincronizadas en la región hasta la fecha.

Líneas de emergencia PNP
El Gobierno del Perú ha implementado la Central 111 de la Policía Nacional como una herramienta clave en su estrategia contra la delincuencia, especialmente para combatir la extorsión. Este servicio gratuito y confidencial, disponible las 24 horas, permite a los ciudadanos denunciar delitos extorsivos y enviar pruebas como audios y videos para respaldar las acusaciones y facilitar la intervención policial.
Además de la Central 111, los ciudadanos pueden reportar casos de extorsión a través de la Línea 1818 o el número directo 942841978. Las comisarías de distrito y los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) también están disponibles para atender estos casos, con unidades especializadas en desarticular bandas extorsivas. Otros servicios de emergencia, como el Cuerpo General de Bomberos (116) y el Centro de Emergencia Mujer (100), también están habilitados para diversas situaciones de urgencia.
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