Para el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, la ley que otorga amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos busca proteger a las víctimas “de un sistema de justicia controlado por la mafia caviar”.
La norma, recientemente aprobada con 16 votos por la Comisión Permanente del Congreso de la República, establece una amnistía para todos aquellos investigados por delitos de lesa humanidad que no tengan sentencia firme hasta la fecha, así como para quienes ya fueron sentenciados, pero tengan 70 años o más.
Daniel Urresti, condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, podría acogerse a este beneficio si el Ejecutivo promulga la norma. Urresti cumple 70 años en 2026, por lo que podría quedar en libertad.
Sin embargo, aunque Rospigliosi exhorta a los jueces a cumplir con esta nueva disposición, la norma sería inaplicable por ser, según expertos, inconstitucional y anticonvencional.
En conversación exclusiva con Infobae Perú, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, explicó que esta norma no puede aplicarse a procesos por delitos de lesa humanidad debido a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Penal Internacional.
En el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana se pronunció expresamente sobre el Perú y sentó un precedente:
“La sentencia de caso Barrios Altos señaló expresamente que no se podía dar ninguna norma que disfrazara la impunidad, ley de amnistía, indultos o cualquier forma que excluyera de la persecución penal a un perpetrador de violaciones a derechos humanos”, sostuvo.
Para Pérez Tello, no está mal promover una vejez digna para los mayores de 70 años que aún esperan sentencia, pero esto no puede significar impunidad.
“Lo que se está cuestionando no es la misericordia —la que quieren disfrazar de impunidad—, sino la impunidad en sí misma, o sea, el no reconocer la calidad de víctima a cientos de familias que han esperado 30 años por sentencia”, señaló.
En conclusión, la norma tampoco resolvería el problema de fondo, ya que los jueces no podrían aplicarla en los casos por violaciones a los derechos humanos.
“En conclusión, lo que te dice la sentencia Barrios Altos, que es una norma de interpretación del contenido del derecho, es que por derecho a la verdad hay un deber de investigar. Ese derecho a la verdad suponía que no se podía disfrazar, a través de la amnistía o de indultos, la impunidad y que era un deber del Estado investigar, procesar, sancionar y reparar”, puntualizó.
¿Quiénes votaron a favor de la Ley de Amnistía?
La nueva ley de Amnistía obtuvo 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Los votos a favor provinieron principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú y Honor y Democracia.
Por Fuerza Popular respaldaron la medida Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Martha Moyano, Arturo Alegría, César Revilla y Héctor Ventura. De APP emitieron votos favorables María Acuña, Alejandro Soto y Lady Camones. Por Renovación Popular apoyaron Norma Yarrow y Esdras Medina. Avanza País sumó los votos de Roselli Amuruz y José Williams. En Honor y Democracia votó a favor Jorge Montoya, mientras que en Podemos Perú lo hicieron Digna Calle y José Arriola.
La norma otorga amnistía a quienes están siendo procesados sin sentencia firme por estos delitos y a los que ya han sido sentenciados con más de 70 años de edad. Durante el debate, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas expresaron su rechazo, indicando que la ley representa un obstáculo para el acceso a la justicia y la reparación. Señalaron que la medida podría derivar en el archivo de más de 150 casos sentenciados y cerca de 600 procesos en curso.
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