En la cárcel de Challapalca, Joran Van der Sloot cumple una condena. Desde ese penal, el ciudadano holandés —sentenciado por el asesinato de Stephany Flores y por extorsionar a la familia de Natalee Holloway— escribió una carta en la que expresa una petición concreta: ser trasladado al CECOT, la penitenciaría más temida de América Latina, ubicada en El Salvador. Así lo reveló el diario neerlandés De Telegraaf, que tuvo acceso a la misiva del recluso.
El gobierno peruano, según confirmaron autoridades nacionales y publicaciones en medios oficiales, evalúa un mecanismo de cooperación internacional que permitiría la reubicación de internos extranjeros de alta peligrosidad. El objetivo principal es descongestionar los penales del país y cortar las operaciones de redes criminales que siguen activas tras las rejas. “El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen”, declaró el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. “Estamos decididos a recuperar el control total del sistema penitenciario”.
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La propuesta tiene como epicentro una de las cárceles más polémicas del continente: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido por el gobierno de Nayib Bukele.
Una cárcel de escala continental
La penitenciaría CECOT, ubicada en las afueras de San Salvador, posee una capacidad de 40.000 internos. Según informes internacionales, El Salvador no solo encierra allí a sus reclusos más peligrosos —entre ellos, miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18—, sino que también alquila espacios a países vecinos y ha recibido incluso a presos deportados desde Estados Unidos.
El penal generó críticas por sus condiciones extremas. Algunas celdas, de acuerdo con denuncias de organismos de derechos humanos, albergan hasta 80 personas, carecen de colchones y cuentan con un solo baño. Las imágenes de internos sin camiseta, en filas apretadas, han dado la vuelta al mundo. A pesar de ello, varios gobiernos de la región han mostrado interés en su funcionamiento como un modelo de endurecimiento carcelario.
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Van der Sloot, al enterarse de esa posibilidad, no pareció rechazarla. En su carta, según De Telegraaf, se refirió al traslado como una opción concreta. El medio lo describe como alguien “convencido de que pronto será parte del grupo que saldrá de Challapalca con rumbo a El Salvador”.
La posición del gobierno peruano
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró públicamente su apoyo al traslado de reos extranjeros de Challapalca al CECOT. “Vamos a buscar un acuerdo de cooperación con El Salvador”, dijo. Anunció además que viajará personalmente para reunirse con autoridades del gobierno de Bukele y discutir mecanismos de seguridad compartida.
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En paralelo, la congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley que busca formalizar esta propuesta. La iniciativa plantea que los internos de nacionalidad extranjera, considerados de alta peligrosidad, puedan ser reubicados en cárceles de otros países. “La idea es quitar poder a las bandas organizadas que operan desde adentro de los penales peruanos”, explicó.
De ser aprobada, la ley habilitaría al Ejecutivo a concretar convenios con gobiernos como el de El Salvador. Eduardo Arana, actual primer ministro, recordó que en su gestión previa como ministro de Justicia ya
Esta es la razón por la que está detenido en Perú
El 30 de mayo de 2010, el nombre de Joran van der Sloot volvió a los titulares. Esta vez, el crimen fue en Lima. La víctima, Stephany Flores, era una joven estudiante de economía e hija de un reconocido empresario y ex candidato presidencial.
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Stephany había conocido a Van der Sloot en un casino del distrito de Miraflores. Horas después, ambos fueron captados por las cámaras ingresando a la habitación 309 de un hotel. Tres días más tarde, el personal del lugar encontró el cuerpo sin vida de la joven, con claros signos de violencia.
El asesino ya no estaba allí. Había huido a Chile. La policía peruana emitió una alerta internacional. Fue capturado en Arica y trasladado nuevamente a Lima. Esta vez, Joran confesó. Dijo que mató a Stephany en un ataque de ira, después de que ella revisara su computadora y descubriera información sobre el caso Holloway.
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En comunicación con Infobae, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descartó la veracidad de la información difundida. El director regional del INPE calificó como falsa dicha versión y aseguró que no corresponde con los hechos registrados por la institución.
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