Las economías criminales en el Perú ya no serían solo un fenómeno delectivo, sino que ahora han evolucionado a un sistema de “gobernanza criminal” con influencia, inclusive, en diferentes mercados. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore.
En la presentación del libro “Los nuevos desafíos de las economías criminales: estudios de casos latinoamericanos”, evento organizado por la CCL en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, el líder empresarial sostuvo que actualmente las redes criminales vienen operando bajo lógicas empresariales, con capacidad de infiltrarse en cadenas logísticas, manipulan instrumentos financieros, compran voluntades y desafían abiertamente al Estado de derecho.
Justo como operaban las mafias en diferentes partes del mundo, como la italiana en Estados Unidos, los criminales en Perú ahora obtienen más presencia en diferentes niveles de la sociedad. “Ante este complejo panorama se requiere una respuesta integral que articule al Estado, el sector privado, la academia y la cooperación internacional”, enfatizó Roberto De La Tore durante la presentación.
Las economías criminales en cifras
Roberto De La Tore también citó cifras del Banco Mundial (BM) en el que menciona que, si bien América Latina representa solo el 9 % de la población mundial, concentra más de un tercio de los homicidios globales. De igual manera, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que el crimen organizado genera un costo económico equivalente al 3,44 % del PBI regional.
Asimismo, este estudio de Latinobarómetro muestra que el 45 % de los ciudadanos de la región opina que se está perdiendo la lucha contra el crimen organizado, mientras el 32% considera que es imposible ganarle a este flagelo. El presidente de la CCL sostuvo que con dichos resultados los países y la región se enfrentan a un escenario desafiante, pues el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y la ciberdelincuencia no solo amenazan las economías nacionales, sino que también debilitan la democracia, el Estado de derecho y la seguridad de millones de ciudadanos.
Por eso, resaltó que ante este escenario los países están obligados actuar con mayor eficacia y decisión, especialmente en la prevención de la captación de jóvenes por redes delictivas. “No podemos permitir que las economías criminales se conviertan en una alternativa de ingresos —o peor aún- como un nuevo oficio como ya ocurre en algunos países de la región”, remarcó.
La dicusión sobre las economías criminales
La presentación también contó con un panel de discusión conformado por coautores de la publicación en su calidad de expertos, como el general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia; Juan Carlos Sainz-Borgo, vicerrector de la Universidad para la Paz (UPEACE); y Lucía Nuñovero, abogada experta en política criminal, siendo moderador Víctor Guerra.
En este espacio se abordó el impacto de las economías criminales en la gobernabilidad, el Estado de derecho y la seguridad ciudadana en la región, así como el planteamiento de estrategias integrales a nivel regional y global, para enfrentar esta problemática que trasciende fronteras.
Se dio a conocer que la informalidad —superior al 70 % en Perú y al 60 % en la región— es el principal insumo para el avance de las economías criminales, cuya mayor incidencia se registra en zonas de fronteras y ciudades tripartitas.
Además, de acuerdo con indicadores recientes, 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en América Latina. Además, 37 de este grupo están ubicados en puertos marítimos y zonas de frontera debido a la disputa existente entre mafias organizadas dedicadas al narcotráfico, contrabando y minera ilegal, con el fin de controlar las cadenas de comercio exterior.
La clausura del evento estuvo a cargo de Robert Helbig, representante de la KAS en el Perú, quien resaltó la necesidad de comprender a fondo la operatividad de las organizaciones criminales en la región. Ello considerando que estas redes emplean tácticas cada vez más sofisticadas, incluyendo el uso de tecnologías de punta para infiltrarse en el sistema financiero y expandir su influencia.
“Debemos entender que las economías criminales no solo representan una amenaza para el Estado y el sector privado, sino que también socavan la estructura social, especialmente la familia, generando un círculo vicioso que termina empujando a muchos a formar parte de estas redes ilícitas”, anotó.
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