José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima y testigo clave en el juicio contra la exalcaldesa Susana Villarán, solicitó un defensor público al no contar con los recursos para contratar un abogado particular, confirmó este jueves el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato.
En diálogo con Canal N, el magistrado indicó además que el proceso de colaboración eficaz con Castro estaba previsto para concluir el próximo 12 de julio, fecha en que se cumplirán más de dos semanas desde que fue hallado sin vida en su domicilio.
Pérez recordó que, tras una modificación legal aprobada por el Congreso el año pasado, toda persona en calidad de aspirante a colaborador eficaz debe contar con la presencia de su abogado defensor en todas las diligencias, sin excepción.
“El señor Castro señaló que no tiene la capacidad de tener un abogado libre de su elección y solicita un abogado del Estado, es decir, un defensor público que depende del Ministerio de Justicia”, declaró.
Detalló que, durante todo el año pasado, el Ministerio Público procuró cerrar el proceso de colaboración con Castro, sin éxito. “En un proceso así, el aspirante actúa de manera voluntaria y libre, la Fiscalía no le puede obligar a que acepte las condiciones que está formulando”, dijo.
“El señor Castro estuvo el martes pasado en estas oficinas, pero no llegó la defensora pública para esa diligencia. Nos indicó que estaba en otras actuaciones o diligencias y que tendría que reprogramarse. Lamentablemente, hemos llegado a esta situación que es lamentable (su muerte) y ya no va a permitir cerrar ese proceso de colaboración eficaz”, señaló.
El exgerente municipal fue hallado sin vida el domingo en su domicilio, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. El Ministerio Público había solicitado 25 años de prisión en su contra, al considerarlo el segundo en la jerarquía de la organización criminal que presuntamente lideraba Villarán.
Según un acta de intervención policial suscrita por tres agentes de la Comisaría de Miraflores, Castro “al parecer se habría suicidado”. El personal policial encontró el cuerpo en posición de cúbito dorsal, con prendas impregnadas de sangre.
Proceso
El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra la exalcaldesa, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros.
El caso está referido a una serie de hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS a las campañas de revocatoria en 2013 y la reelección municipal de 2014.
Entre las personas naturales están, además de Castro, los exfuncionarios municipales, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras. Mientras que entre las empresas están Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otras.
La Fiscalía pide 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en 2013 y la campaña electoral por su reelección en 2014.
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