Pese a que el Congreso se encuentra actualmente en receso hasta el inicio de la próxima legislatura, el parlamentario convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 4 de julio. A la cita también han sido convocados el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y Guillermo Steve Valdivieso Payva, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
La sesión se llevará a cabo a las 10:00 a. m. en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.
La citación responde al malestar generado por la oficialización del incremento, en un contexto marcado por el rechazo ciudadano y la baja aprobación del gobierno.
En la agenda del citado grupo de trabajo aparece como punto central el interrogatorio al ministro Pérez Reyes, quien deberá detallar los criterios técnicos utilizados, así como los procedimientos seguidos por el Consejo de Ministros para aprobar el reajuste.
La comisión ha solicitado, además, el acceso a los informes técnicos y legales que respaldaron la medida, así como información sobre eventuales consultas previas realizadas a otras entidades, entre ellas la Contraloría General de la República.
Congreso puede frenar el aumento de sueldo de Dina Boluarte
El futuro del incremento salarial otorgado a Dina Boluarte no está asegurado. Aunque el Consejo de Ministros aprobó la remoción y el nuevo monto rige oficialmente, expertos sostienen que el Congreso puede anular la medida con una mayoría simple. Así lo indicó el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, quien explicó que un decreto supremo como el que avala el aumento presidencial es susceptible de ser derogado por una ley, herramienta constitucional vigente que ha sido utilizada en otras ocasiones.
En sus declaraciones, Castilla precisó que no existe impedimento legal para que el Parlamento revierta el ajuste salarial. Puede hacerlo con una norma expresa que modifique la Ley Servir, que regula los sueldos de funcionarios públicos, o bien mediante la aprobación de una ley específica que deje sin efecto el decreto publicado por el Ejecutivo. El exministro recomendó, además, que modificaciones de esta naturaleza debieron ser consideradas para su implementación al inicio de una nueva administración gubernamental y no durante un clima de tensión y conflictividad como el actual, para evitar agregar motivos de insatisfacción social.
El análisis técnico no solo apunta al rol del Congreso, sino también a la posibilidad de que sea el mismo Ejecutivo el que revierta el aumento si así lo determina, ya sea por presión política, social o por la recomendación de organismos independientes. Un nuevo decreto supremo bastaría para anular el reajuste, opción que, según Castilla, sigue estando sobre la mesa mientras la controversia continúe escalando.
Por el momento, el sueldo de casi S/ 36.000 percibe la presidenta la coloca como la funcionaria mejor remunerada del aparato estatal, por encima de ministros, magistrados del Tribunal Constitucional y demás autoridades.
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