El Gobierno de Dina Boluarte desembolsará 70 mil soles para pagar los honorarios de la defensa legal de Enrique Vílchez Vílchez, secretario del Despacho Presidencial y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.
Vílchez es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Penal por presunto encubrimiento al líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Según el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), el proceso de licitación para contratar a un abogado fue autorizado el 12 de mayo mediante la Resolución N° 000050-2025-DP/SSG, emitida por el Despacho Presidencial.
La decisión se sustenta en un informe del área de Asesoría Jurídica, que dio luz verde al financiamiento de la defensa legal en el marco de la carpeta fiscal abierta el 10 de febrero. En dicha investigación, se imputa a Vílchez Vílchez de coordinar con parlamentarios de Perú Libre la protección al prófugo líder del partido.
El 30 de junio concluyó el proceso con la selección de José Mandujano Rubín, como el defensor de Vílchez.
Parlamentarios y un gobernador regional
Los otros congresistas implicados en la investigación del Ministerio Público por el presunto blindaje a Vladimir Cerrón son Américo Gonza, Kelly Portalatino, Jaime Quito, María Agüero, Janet Rivas Chacara y Waldemar Cerrón Rojas.
En julio de 2024, el congresista Edwin Martínez reveló que recibió un USB con conversaciones que evidenciarían la protección que algunos de sus colegas ofrecían a Cerrón Rojas.
La denuncia también alcanzó al gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, quien supuestamente habría coordinado con los congresistas acciones para blindar al líder de Perú Libre, quien, según se indicó, se encontraba en Arequipa.
“Según estos chats, habría conversaciones entre el gobernador regional de Arequipa y este grupo de congresistas que están buscando proteger a Cerrón. Aparentemente, Cerrón estaría escondido en Caylloma, Arequipa”, declaró Martínez durante una entrevista en Canal N.
El gobernador Sánchez negó las acusaciones, al igual que los congresistas perulibristas señalados. Sin embargo, llamó la atención el hecho de que algunos parlamentarios mantenían comunicación directa con Cerrón.
Tras la denuncia de Martínez, se difundieron audios entre Cerrón Rojas y Kelly Portalatino, así como conversaciones en las que, supuestamente, la congresista le advertía sobre el operativo realizado en el condominio Mikonos, en Asia.
Precisamente, este fallido operativo generó posteriormente una ola de cuestionamientos hacia la presidenta Dina Boluarte y el uso del vehículo presidencial.
¿Quién es Enrique Vílchez y cuál fue su rol en el caso Cofre?
El escándalo por el fallido operativo para captura a Vladimir Cerrón abrió una nueva carpeta fiscal para la presidenta Boluarte: el sonado caso Cofre.
La Comisión de Fiscalización también inició una investigación por el supuesto encubrimiento a Cerrón Rojas y las reuniones que la presidenta tuvo en el condomino Asia Sur.
Como parte de sus investigaciones, la comisión pidió información sobre la bitácora y los oficiales que acompañaban a la mandataria en el vehículo oficial. Sin embargo, esta información fue calificada como reservada por una resolución firmada por Enrique Vílchez.
En medio de las investigaciones, el ‘Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos’ pasó a ser de carácter reservado. Por lo que cualquier información que se solicitó acerca del vehículo se quedó sin respuesta.
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