La muerte de José Miguel Castro no solo generó sorpresa entre la población peruana, sino que abrió debate sobre si, sumado al fallecimiento de Nilo Burga y Andrea Vidal, existiría una intención de silenciar a testigos claves de investigaciones por corrupción y crimen organizado en el Perú.
Independiente a los hechos en investigación, sus historias configuran una preocupación común: los límites del sistema de protección, sobre todo en casos emblemáticos contra altos funcionarios públicos. En menos de un año, se reportó el fallecimiento de tres personajes importantes ligados a la Municipalidad de Lima, el Congreso de la República y el Ejecutivo.
La mañana del 29 de junio de 2025, el nombre de José Miguel Castro, conocido exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán, volvió a ocupar las portadas. Castro, principal colaborador eficaz en el caso que puso contra las cuerdas a la exalcaldesa limeña, fue encontrado muerto en su departamento de San Isidro. Su testimonio resultó clave para la Fiscalía en el escándalo de Odebrecht, al describir los entramados de sobornos y financiamiento ilegal de campañas municipales.
Desde su condición de acusado y aspirante a colaborador eficaz, relató detalles relevantes sobre el flujo de dinero proveniente de la constructora brasileña, involucrando a altos funcionarios y operadores políticos. El alcance de sus declaraciones amenazaba con revelar la verdadera magnitud de la corrupción en la capital peruana. Sin embargo, a pocos meses del inicio de juicio oral, programado para el 23 de septiembre, se reportó su fallecimiento.
El día de su muerte, la Policía Nacional acudió al llamado de un aparente suicidio. En el lugar, halló al exfuncionario con múltiples heridas y la habitación donde se encontraba reflejaba un ambiente de violencia. De acuerdo al reporte policial, presentaba un corte en el cuello de aproximadamente 14 centímetros, lo que hacen poco probable que lo haya hecho él mismo.
En la escena, se hallaron dos cuchillos ensangrentados —uno de cocina y otro de pan— dentro del baño. También se encontró un teléfono celular cerca de la entrada. Un detalle que llamó la atención de los peritos de Criminalística fue que la chapa de la puerta del baño parecía haber sido manipulada. Hasta el cierre de la nota, la hipótesis policial no ha descartado ninguna posibilidad, incluyendo un homicidio.
Pocos meses antes, la noticia de la muerte de Nilo Burga había generado preocupación similar. Empresario pesquero y dueño de Frigoinca, Burga estaba vinculado al caso Qali Warma, programa estatal de alimentación escolar. Su compañía era investigada por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos con el Estado. Si bien Burga no ocupaba cargos públicos, la información que poseía podía esclarecer la mecánica de concertación y corrupción en licitaciones millonarias.
Burga fue hallado muerto el 24 de diciembre de 2024, en un hotel de Magdalena del Mar. Inicialmente, su muerte fue calificada como suicidio, ya que presentaba múltiples heridas de arma blanca y se halló una supuesta carta manuscrita. Sin embargo, debido a la naturaleza de las lesiones y el contexto del caso, la Fiscalía reabrió la investigación bajo la hipótesis de homicidio.
Un hecho que captó la atención entre ambas muertes son las similitudes. Más allá del marco en el que fueron reportadas, en ambos casos se encontraron dos armas blancas a su lado (cuchillos) y toallas verdes ensangrentadas.
Tan solo tres meses antes, ya se había reportado la muerte de la exasesora del Congreso Andrea Vidal, quien fue asesinada el 29 de septiembre de 2024 en Surquillo, cuando se desplazaba en un taxi. Dos sicarios motorizados interceptaron el vehículo y descargaron varios disparos contra ella mientras circulaba por una avenida transitada de Lima.
Aunque la investigación en torno al asesinato de Andrea Vidal y el conductor del taxi continúa bajo la dirección de la Policía Nacional del Perú y la fiscalía, no se han reportado mayores avances.
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