El exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, ha denunciado que una mafia controla la venta de entradas a Machu Picchu desde hace décadas, perpetuando un sistema ineficiente y presencial que afecta tanto a turistas nacionales como extranjeros. Silva minimizó la relevancia de una supuesta “lista negra” publicada por un medio extranjero, aclarando que no se trata de una sanción oficial ni de un pronunciamiento formal por parte de organismos internacionales, sino de una opinión emitida en un portal turístico.
Silva explicó que el informe extranjero menciona problemas recurrentes en el acceso a Machu Picchu, como la sobreventa de entradas, la saturación en el pueblo de Aguas Calientes y deficiencias logísticas. Sin embargo, enfatizó que este tipo de publicaciones no tienen carácter oficial y, en su interpretación, pueden incluso incrementar el interés internacional por visitar el santuario.
Durante su intervención en Canal N, Silva centró su preocupación en un problema de larga data: la existencia de una mafia que controla el sistema de venta de entradas a Machu Picchu. Según sus declaraciones, esta situación no es reciente, sino que está “enquistada” y ha operado sin interrupción durante décadas. El exministro describió cómo estos intereses arraigados han impedido la modernización del proceso de adquisición de boletos, manteniendo un esquema presencial que contrasta con las prácticas habituales en otros destinos turísticos internacionales.
El impacto de este sistema ineficiente no se limita a los turistas extranjeros. Silva subrayó que los visitantes nacionales también enfrentan obstáculos logísticos durante su visita al santuario. La dependencia del sistema presencial genera largas esperas y falta de garantías para asegurar el acceso al sitio arqueológico, lo que afecta la experiencia de quienes desean conocer uno de los principales atractivos turísticos del Perú.
“Las fallas del sistema han sido señaladas durante años por distintos actores, pero las denuncias no han derivado en cambios sustanciales”, lamentó el exministro, quien no mencionó nombres ni soluciones detalladas durante su intervención. Su intervención se centró en alertar sobre la existencia de intereses enquistados y en llamar la atención sobre la urgencia de modernizar el sistema de venta de entradas. La falta de soluciones concretas deja abierta la interrogante sobre los pasos que deberán seguir las autoridades para garantizar un acceso transparente, eficiente y seguro a Machu Picchu.
La lista negra
El Ministerio de Cultura de Perú rechazó la inclusión de Machu Picchu en una supuesta “lista negra” de turismo, tras reportes que alertaban sobre riesgos para su estatus de Patrimonio de la Humanidad. La entidad aseguró que la ciudadela inca mantiene su reconocimiento mundial y descartó que la Unesco haya emitido sanciones o advertencias formales que comprometan el sitio.
Las autoridades peruanas subrayaron que se realizan controles estrictos en los accesos y se promueve un turismo responsable mediante campañas informativas y presencia de guías acreditados. Entre otras medidas, precisaron la actualización del plan maestro y la vigencia de límites diarios de visitantes, factores que, junto con la fiscalización y los sistemas digitales de reservas, contribuyen a proteger la integridad física y cultural de la ciudadela.
Sin embargo, la visita a la ciudadela inca no siempre es una experiencia agradable para numerosos turistas. La desorganización en torno a la venta de entradas ha afectado a visitantes nacionales y extranjeros e incluso impedido que conozcan una de las siete maravillas del mundo. La falta de avances en la digitalización del sistema de venta de entradas contrasta con la tendencia global hacia la modernización de los servicios turísticos, y plantea interrogantes sobre la voluntad política y la capacidad institucional para implementar reformas estructurales en la gestión de uno de los principales patrimonios culturales del mundo.
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