El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Juliaca (Puno) condenó a 35 años de prisión efectiva al expolicía Erusbel Apaza Uturunco (27), por el asesinato del suboficial José Luis Soncco Quispe, ocurrido el 9 de enero de 2023, durante la jornada más violenta de las protestas antigubernamentales.
La investigación determinó que Apaza Uturunco integró el grupo responsable del ataque en el que el agente murió calcinado. En el mismo hecho, el suboficial Ronal Villasante Toque sufrió heridas graves. Aquella jornada también dejó 17 manifestantes muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Medios locales difundieron imágenes de una patrulla completamente incendiada, dentro de la cual se hallaron los restos del policía. Según los reportes, los agresores se llevaron dos pistolas y un fusil automático. El suboficial Villasante, herido de gravedad, logró escapar de los atacantes y fue trasladado a una clínica, según su propio testimonio.
Los jueces Víctor Paredes Mestas, Richard Condori Chambi y Yessica Condori Chata coincidieron en la responsabilidad penal de Apaza Uturunco y dictaron la condena por unanimidad. También ordenaron el pago de una reparación civil a los deudos.

Conocido como ‘Chato’ y separado de la Policía por inconducta funcional, el exagente fue capturado en marzo de ese año. Durante su detención, las autoridades le incautaron 23.800 dólares, una cacerina de fusil AKM con siete municiones, restos calcinados de una pistola y un teléfono móvil.
Días después, el Juzgado de Puno dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra. La PNP también detuvo a su conviviente, acusada de estar en flagrancia por delitos contra la seguridad pública, específicamente por la presunta tenencia de armas y lavado de activos.
José Luis Soncco tenía 29 años, era natural de Yanaoca (Cusco), el mayor de siete hermanos y el único profesional en su familia. El informe de necropsia, difundido por Ojo Público, concluyó que murió por traumatismo craneoencefálico severo causado por un objeto contundente. Posteriormente, su cuerpo fue incendiado.
En diálogo con el portal de investigación, su familia afirmó que nunca disparó su arma ni respondió a la agresión. Las pericias de absorción atómica confirmaron que no realizó disparos. El 13 de enero de 2023, fue enterrado en el cementerio de Yanaoca.

Funeral y el olvido
Por esos días surgieron múltiples versiones sobre lo ocurrido. La presidenta Dina Boluarte y el exprimer ministro Alberto Otárola se refirieron a él como el “policía quemado”, sin mencionar a los 18 civiles fallecidos en Juliaca ni a otras víctimas de la represión en otras regiones.
Durante meses, varios congresistas y funcionarios afirmaron erróneamente que Soncco fue quemado vivo dentro de su patrullero. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron su identidad e incluso insinuaron que el caso había sido manipulado. Otros responsabilizaron a los manifestantes, evocando episodios de violencia del pasado.
En el entierro, los asistentes exigieron abrir el ataúd para confirmar la identidad del cuerpo. La familia accedió, tras encontrar el féretro atornillado. La ceremonia se desarrolló principalmente en quechua. Los asistentes responsabilizaron al gobierno, al Congreso y a los ministros por todas las muertes, incluida la del joven suboficial.
Leidy Ricalde, pareja de Soncco desde 2018, fue quien reconoció el cuerpo y acompañó todo el proceso hasta el entierro. Según relató, él ya no se sentía cómodo en la institución policial y deseaba mudarse a Cusco para estudiar Derecho.
Durante el sepelio, agentes uniformados descendieron el ataúd al sepulcro. Se escuchó un canto marcial y luego un huayno tradicional, el mismo que sonó en los funerales de los civiles fallecidos durante la represión. Aunque el gobierno le rindió homenajes y lo declaró mártir, ningún funcionario volvió a comunicarse con su familia, de acuerdo con el reportaje de Ojo Público.
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