¿Quién responde por la presa Limón?

Durante años, la presa Limón —ubicada sobre el río Huancabamba, en Cajamarca— fue presentada como una solución estratégica para enfrentar la escasez de agua en la región, especialmente en los duros meses de estiaje entre julio y noviembre. Sin embargo, la promesa se ha convertido en preocupación y una grave amenaza para pequeños y grandes agricultores: hoy, el embalse está colmatado en un 82% y ha perdido casi toda su capacidad útil de almacenamiento. De los 30 millones de metros cúbicos (MMC) que debía ofrecer, apenas quedan operativos 8 MMC.

¿Cómo llegamos a este punto?

Según la Contraloría General de la República, los problemas comenzaron desde el arranque. La presa empezó a operar con un volumen total de solo 36.87 MMC, cuando el contrato —firmado con la empresa Novonor (antes Odebrecht)— establecía un mínimo de 44 MMC. Esa diferencia de más de 7 millones de metros cúbicos pudo haber marcado la diferencia en los momentos más críticos para el agro.

Las consecuencias ya se sienten en el campo. En el sector agroexportador, el máximo de tierras irrigadas apenas llegó a las 22 mil hectáreas, muy por debajo de las 38 mil proyectadas. En el Valle Viejo, donde siembran los pequeños agricultores, la superficie regada se desarrolló mínimamente: de 5,500 hectáreas ofrecidas a solo 500.

La pregunta es inevitable: ¿quién responde por una infraestructura que hoy, prácticamente, no sirve para lo que fue construida?

Todo indica que la responsabilidad recae sobre Novonor (antes Odebrecht). La empresa no solo se comprometió —por contrato— a implementar medidas para evitar la acumulación de sedimentos en el embalse, sino que también debía garantizar el funcionamiento de un sistema de purga que nunca operó como debía. Su propio Manual de Operación y Mantenimiento señala que cualquier incremento de sedimentos por una mala ejecución era de su entera responsabilidad. Además, el contrato exigía que la presa se mantuviera en condiciones óptimas, salvo por el desgaste natural con el paso del tiempo. Ninguna de esas obligaciones se cumplió.

Peor aún, Novonor dejó sin ejecutar la preparación estructural necesaria para un eventual recrecimiento de la presa a 85 metros de altura. Esta expansión requería un sistema de impermeabilización que nunca fue instalado. Hoy, cualquier intento de ampliación resulta costoso, riesgoso y, sobre todo, evitable.

A pesar de todo ello, el actual concesionario insiste en que debe seguir operando la presa, alegando que su salida pondría en riesgo el suministro de agua. Pero la realidad es otra: el daño ya está hecho, y fue consecuencia directa de actuar con negligencia grave, la cual hoy pretende cubrir con una renovación de la concesión, sujeta a nuevos términos y condiciones que tienen como fin liberarlo de su responsabilidad.

Este escenario también abre una segunda interrogante: ¿por qué el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), responsable de supervisar la construcción y operación de esta obra, no activó las penalidades y los mecanismos contractuales correspondientes ante estos incumplimientos? Considerando que Contraloría y firmas expertas técnicas internacionales que el mismo PEOT contrató, concluían en los graves incumplimientos del actual concesionario.

A esto se suma una tercera interrogante: ¿por qué existiendo otras soluciones para contar con un Nuevo Operador Transitorio una vez vencida la actual concesión, dígase nuevas compañías interesadas o el mismo PEOT como operador, se sigue impulsando acérrimamente una renovación al actual Concesionario? El PEOT podría operar transitoriamente esta obra, tal como opera la presa Tinajones, sin necesidad de intermediarios privados, en tanto se convoca a una licitación internacional.

Recordemos que, la presa Limón no fue financiada únicamente con inversión privada. Más de mil millones de dólares del erario público han sido destinados a este proyecto. ¿Cómo es posible entonces que una empresa que no cumplió sus compromisos aún pretenda posicionarse como un operador eficiente?

El caso de la presa Limón debe encender todas las alertas. No se trata solo de cálculos técnicos: hablamos de miles de agricultores afectados, de comunidades que ven mermado su derecho al agua y de una política pública que no puede seguir tolerando concesiones mal ejecutadas.

Porque cuando no se fiscaliza a tiempo, cuando se deja pasar el incumplimiento, el costo lo pagamos todos. Con recursos públicos. Y con consecuencias sociales.