CAL: Reposición de Patricia Benavides es inconstitucional y puede implicar delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó este lunes su preocupación ante el anuncio de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, señaló que medida es inconstitucional y consideró que podría implicar la comisión de delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

A través de un mensaje difundido en sus plataformas sociales, la junta directiva de la institución fundamentó su posición en el artículo 158 de la Constitución, que establece como competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos la designación y remoción del titular del Ministerio Público.

El Colegio sostuvo que la decisión de la JNJ “ha ocasionado una crisis institucional innecesaria en el seno” de la Fiscalía, “órgano constitucional encargado de promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”

Además, señaló que la decisión del máximo organismo de la Judicatura “es inconstitucional e, incluso, pasible de la comisión de los delitos de abuso de autoridad y de usurpación de funciones, al haberse arrogado (...) la competencia de reponer en el cargo” a Benavides.

Finalmente, instó a la Junta de Fiscales Supremos a “defender su fuero constitucional”, y a la Junta a “cumplir con observar correctamente la Constitución y no obstaculizar la lucha contra la corrupción en órganos claves de la administración de justicia”.

Benavides confirmó previamente que intentó retirar del cargo a Espinoza, después de que la Junta decidiera revocar la destitución que se le impuso el año pasado. “El día de hoy fui al Ministerio Público (...) Ingresé como fiscal suprema y con una resolución con la que tenía que asumir el cargo”, declaró durante una entrevista en el programa de la periodista Milagros Leiva.

Según relató, al llegar a las instalaciones de la Fiscalía de la Nación, sin “emplear la fuerza”, fue agredida por una de las trabajadoras del despacho de Espinoza.

“Me tira la puerta. (...) Si no hubiera puesto la mano, me hubiera golpeado toda la cara (...) Recibo ese maltrato. Convoca a un montón de personal, convoca a un fiscal de prevención del delito.¿Con qué intención? ¿De seguir armándome carpetas?”, expresó.

Desde su perspectiva, haber ingresado con varios agentes de seguridad y sin registrarse en el módulo de control no constituye un posible delito de usurpación de funciones. “¿Qué función he ejercido en el pasadizo? He entrado con tres asistentes y mi personal de seguridad que me han asignado”, señaló.

La exfiscal también acusó a Espinoza de estar detrás de una campaña de denuncias contra sus defensores legales. “Me va a seguir armando carpetas, ya lo sabemos. A todos mis abogados los tiene denunciados”, comentó.

El Ministerio Público ha comunicado que Benavides no solicitó una audiencia con Espinoza para sostener algún diálogo, mientras que la Junta de Fiscales Supremos, que se encarga de nombrar al fiscal de la Nación, indicó que no recibió ninguna notificación oficial de la JNJ que le permitiera pronunciarse sobre el asunto.

Los abogados de la exfiscal aseguran que la decisión de la Junta debe ser acatada de inmediato, pero otros juristas afirman que la resolución no se puede ejecutar, ya que Espinoza ocupa el cargo de manera legal y este organismo no tiene la potestad de nombrar a los fiscales supremos.

“Le recomiendo (a Espinoza) que se tranquilice y tome decisiones conforme a derecho. Somos defensores de la legalidad y, si ella ha usurpado funciones, mi grupo de abogados hará lo que corresponde a ley”, señaló Benavides mientras Espinoza realizaba una vigilia en las afueras del Ministerio Público junto a decenas de trabajadores, fiscales superiores y provinciales.