Durante una audiencia realizada este miércoles 11 de junio, la Fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de prisión para el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos agravado en el marco del caso denominado Ecoteva.
Además de la condena, el Ministerio Público pidió que ambos paguen una reparación civil solidaria de S/38 millones 220 mil. También se solicitó el decomiso de sus cuentas bancarias, tanto a nivel nacional como internacional.
El requerimiento fiscal está sustentado en la acusación por el presunto delito de lavado de activos agravado, en relación a una presunta operación de blanqueo de capitales vinculada a compras inmobiliarias realizadas a través de las empresas Ecoteva Consulting Group S.A. y Ecotaste Consulting S.A.
Otros involucrados y penas solicitadas
Durante la diligencia, la fiscalía también presentó acusaciones contra otros cinco implicados en el caso. En primer lugar, se solicitó 10 años de cárcel para Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, sindicada como coautora del delito de lavado de activos.
Asimismo, el Ministerio Público pidió:
- 16 años y ocho meses de cárcel para Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo durante su gobierno.
- 13 años y cuatro meses de prisión para Shai Dan On, hermano de Avraham Dan On.
- 13 años y cuatro meses para David Abraham Eskenazi Becerra, señalado como operador financiero del entramado investigado.
Empresas, inmuebles y cuentas en la mira
Como parte del mismo requerimiento, la Fiscalía solicitó la disolución de las empresas Ecoteva Consulting Group S.A. y Ecotaste Consulting S.A., ambas consideradas por el Ministerio Público como vehículos utilizados para el presunto lavado de dinero.
Adicionalmente, se pidió la incautación de diversos bienes inmuebles, entre los que se encuentran propiedades ubicadas en Casuarinas, Punta Sal y la Torre Omega. Estas propiedades habrían sido adquiridas con fondos de origen presuntamente ilícito, según la acusación fiscal.
El requerimiento también incluye la medida de decomiso de las cuentas bancarias de todos los procesados, tanto en el Perú como en el extranjero.
Millonaria reparación civil
La fiscal Briceño Aguayo solicitó que los acusados paguen solidariamente una reparación civil de S/38 millones 220 mil. Este monto, según el Ministerio Público, busca compensar al Estado peruano por los perjuicios derivados de las operaciones presuntamente ilícitas en las que están implicados.
Dicha reparación incluye no solo a Toledo y Karp, sino también a los demás involucrados, así como a las personas jurídicas implicadas.
Tras escuchar los planteamientos del Ministerio Público, la jueza Josefa Izaga Pellegrin programó la siguiente audiencia del juicio oral para el jueves 19 de junio a las 2:15 p. m.
El caso Ecoteva se encuentra actualmente en la etapa final del proceso oral. De acuerdo con la programación judicial, en las siguientes audiencias se espera continuar con la exposición de alegatos, las intervenciones de las defensas técnicas y, eventualmente, la evaluación de pruebas presentadas por cada una de las partes.
Esto se originó en las investigaciones sobre una presunta red de lavado de activos que habría operado durante y después del gobierno de Alejandro Toledo (2001–2006). Las indagaciones apuntan a la adquisición de bienes con dinero de origen presuntamente ilícito, canalizado a través de sociedades offshore y cuentas en el extranjero.
Como se recuerda, la exprimera dama se encuentra refugiada en Israel, país del cual también es ciudadana.
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