Posiciones en contra. Jesús Salazar, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), se refirió a la firma del tratado de Alta Mar, anunciado por la presidenta Dina Boluarte en su viaje a Francia. En oposición a la actual gestión de la organización empresarial, la cual se ha expresado en contra de la medida, aclaró que nada tiene que ver con una presunta pérdida de soberanía.
Mencionó que las confusiones sobre los alcances del reciente tratado internacional sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ), firmado por el gobierno de Perú en Niza, responden a un malentendido, asegurando que no afecta la jurisdicción nacional peruana sobre sus recursos pesqueros.
“Empecemos desde el mismo título. Es el “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales”. En corto, es un tratado de Alta Mar, fuera de las 200 millas, lo dice textualmente. Además, todos sabemos que fuera de las 200 millas ni Perú ni ninguna nación tiene jurisdicción. […] Entonces, esto no va a traer ningún compromiso con la soberanía nacional”, refirió en entrevista con Canal N.
Enfatizó que la finalidad del acuerdo es establecer normas para regular actividades en áreas que no le pertenecen a ningún país: “En los temas internacionales se habla de Alta Mar como el dominio de la humanidad. Por lo tanto, es ahí donde se quiere hacer un trabajo conjunto para reglar actividades que están depredando los recursos biológicos marítimos”.

Sus declaraciones contradicen la posición de los principales gremios empresariales peruanos, entre los que se encuentra la propia Sociedad Nacional de Industrias. En un reciente comunicado manifestaron un rechazo contundente a la firma y calificaron la adhesión al tratado como “una pérdida de soberanía nacional en la toma de decisiones sobre los recursos pesqueros”. Incluso, advirtieron que el nuevo marco internacional impone restricciones injustificadas para el sector productivo.
Destacaron que con el tratado se pretende debilitar la labor de organizaciones regionales como las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), que han garantizado eficazmente la sostenibilidad de los recursos marinos basados en evidencia científica. “Este acuerdo es impulsado por las ONGs que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada”, insistieron la SNI, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú y la Sociedad Nacional de Pesquería.

Sobre el tema, Salazar no es el único experto en aclarar en medios de comunicación que el tratado de Alta Mar no tiene relación con la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). El exvicecanciller Hugo de Zela también refirió que las figuras no deben ser confundidas. “Hay una discusión con la vinculación de Convemar, pero eso responde a la ignorancia. La gente que critica no lee. Este tratado dice claramente que no se aplica a las 200 millas nacionales”, aclaró.
En el ámbito empresarial, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, reconoció que el sector empresarial no dio seguimiento oportuno al Tratado de Alta Mar firmado por el gobierno peruano y admitió que existió un grado de desinformación en los gremios involucrados. “Si se discutió, lamentamos no haber intervenido y si se informó pecamos de desinformación, pero ya está firmado, ya no hay marcha atrás. Lo que viene es la discusión en el Congreso para validar que sea beneficioso para el país”, mencionó.
Sobre la posición de los otros gremios, sostuvo que podría deberse a “una reacción temprana sobredimensionada, pero yo creo que todo esto se tiene que aclarar. La Cancillería ya nos está dando luces”.
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