Exministros y exviceministros de RR.EE. descartan que el ‘Tratado de Alta Mar’ afecte la soberanía del Perú

Un grupo de exministros y exviceministros de Relaciones Exteriores aclaró que el Tratado sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales -conocido como Tratado de Alta Mar- no compromete la soberanía marítima del Perú ni guarda relación jurídica con la Convención del Mar.

En un documento conjunto, los exfuncionarios indicaron que no existe afectación alguna a la soberanía nacional, ya que el tratado se aplica exclusivamente a zonas ubicadas fuera de las 200 millas náuticas desde las costas de los Estados, es decir, a la denominada alta mar.

“El Tratado firmado, tal como lo indica su título, se refiere al mar situado más allá de las 200 millas, en la cual ningún país ejerce soberanía. Por consiguiente, es un contrasentido sostener que la soberanía del Perú esté afectada por un tratado referido a una zona marítima en la cual no existe soberanía peruana”, señala el pronunciamiento.

Tratado sin vínculo con la Convención del Mar

Los firmantes también precisaron que el Tratado de Alta Mar es independiente de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), por lo que no existe vínculo jurídico entre ambos instrumentos internacionales.

“El artículo 5 del Tratado lo dice expresamente. Por ello es que varios países que no son parte de la Convención del Mar lo han podido firmar, entre ellos el Perú”, indicaron.

Con esta precisión, los exministros y exviceministros buscaron disipar las versiones que asocian la suscripción del tratado con un supuesto ingreso indirecto del Perú a la Convemar, acuerdo que ha sido motivo de debate en años anteriores.

En su pronunciamiento, los exfuncionarios diplomáticos señalaron que el tratado tiene como objetivo central la conservación de la biodiversidad marina en la alta mar, mediante mecanismos que regulen actividades humanas y permitan preservar recursos naturales.

Entre los beneficios que destacaron se encuentran la cooperación científica y financiera, el impulso a la investigación marina, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la posibilidad de prevenir prácticas como la sobrepesca y la contaminación oceánica.

“El acuerdo permitirá acceder a cooperación técnica y financiera, apoyar la investigación marina y el desarrollo científico para, entre otros beneficios, impedir la sobrepesca y la contaminación”, sostuvieron.

Hacen un llamado

Los exministros y exviceministros coincidieron en que la defensa de los intereses del país exige un análisis ponderado, con base en los hechos y en el contenido del tratado, para evitar interpretaciones erróneas o imprecisiones.

En ese sentido, hicieron un llamado a la opinión pública y a los actores políticos a formar criterios informados sobre la naturaleza del acuerdo y su alcance real sobre las competencias del Estado peruano.

El pronunciamiento fue firmado por los exministros de Relaciones Exteriores Allan Wagner, José Antonio García Belaúnde, Gonzalo Gutiérrez, Ricardo Luna y Néstor Popolizio. También suscribieron el documento los exviceministros Alfonso Rivero, Hugo Palma, Alejandro Gordillo, Eduardo Ponce, Jorge Voto Bernales, José Antonio Arróspide, Fernando Rojas, Claudio de la Puente, Hugo de Zela y Jaime Pomareda.

¿Qué es el Tratado de Alta Mar?

El denominado Tratado de Alta Mar, suscrito por la presidenta Dina Boluarte durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano realizada en Niza, Francia, tiene como nombre oficial el “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por sus siglas en inglés).

Este tratado fue adoptado en la ONU en 2023, y establece normas para proteger la biodiversidad en áreas oceánicas situadas fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Estas zonas, que constituyen alrededor de dos tercios de la superficie marítima del planeta, no contaban hasta ahora con un marco legal internacional robusto.

El tratado busca crear áreas marinas protegidas, regular prácticas como la pesca industrial, la minería en el lecho marino y la bioprospección genética, además de promover el acceso equitativo a los recursos genéticos marinos.