Empresas que contraten mujeres víctimas de violencia tendrían mayor puntaje en licitaciones públicas

La Comisión de Economía tuvo su segunda sesión extraordinaria de la semana este martes 10 de junio, con el que avanzaron en más temas pendientes, a pocos días de que termine la legislatura actual del Congreso.

Así, uno de las dictámenes que se han aprobado en la comisión es el que juntar uno de los temas más sensibles de la última década en el país con uno que favorece y da beneficios a empresa en concurso de contrataciones públicas

Ahora las empresas del sector privado que contraten a mujeres víctimas de violencia (en todas sus formas; es decir, física o psicológica) tendrán mayor puntaje en proceso de licitación con el Estado. Es decir, les será más fácil ganar un concurso frente a otras que no contraten a estas personas.

El dictamen aprobado

La Comisión de Economía aprobó un dictamen que afirma que tiene como objetivo promover “la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia en el sector privado, en el marco de las contrataciones públicas, mediante la implementación de mecanismos de incentivos, con el fin de contribuir con su autonomía económica y bienestar integral”.

La Ley no solo promovería, de ser aprobada por el Pleno del Congreso, en teoría, que más mujeres víctimas de violencia sean contratadas por empresas, sino que estas empresas ganen beneficios en contrataciones públicas; específicamente, que les den más puntos en las calificaciones que sirven de medida para escoger a los proveedores del Estado.

Así, se menciona como beneficiarias a “la mujer que sea o que haya sido víctima de violencia en cualquiera de sus formas”. Pero esta condición de víctima debe estar acreditada con la información que obre en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

“En dicho Registro, además, debe constar el informe del módulo de violencia familiar que acredite el proceso de recuperación física y emocional de la mujer que sea o que haya sido víctima de violencia en cualquiera de sus formas, luego de las terapias sobrevinientes de las medidas de protección otorgadas por el módulo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar o juzgado competente de la Corte Superior de Justicia de la jurisdicción a la que pertenece la víctima o de ocurrido el hecho de violencia”, aclara la medida.

Es decir, las mujeres serían contratadas luego de un proceso de recuperación de la violencia mencionada.

Los incentivos para las empresas

Así, “se otorga el incentivo de fomento a aquellas empresas que participan en licitaciones públicas, otorgándoles dos puntos adicionales en el puntaje total de la evaluación técnica de su propuesta, conforme a los parámetros definidos por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE)”.

Para esto, las empresas deben contar en su planilla laboral con al menos “el 10% de las mujeres (...) quienes deben haber sido contratadas formalmente en los últimos doce meses y cuya condición de víctima debe estar debidamente acreditada”.

Pero aún habrían dos requisitos que estas empresas deben cumplir para acceder a los beneficios planteados:

• Deben contar con la acreditación de cumplimiento de contratación de mujeres víctimas de violencia otorgada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
• Deben contar con condiciones laborales formales que cumplan con la legislación laboral vigente y estén debidamente acreditadas y documentadas

Así, el Poder Ejecutivo tendrá máximo 90 días calendario para emitir las normas complementarias para la aplicación de la medida. Para eso, primero el dictamen ya aprobado por comisión deberá pasar al Pleno del Congreso, ser aprobado y luego ser promulgado por el Ejecutivo.