Nueva ley a favor de criminales. La Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó el dictamen que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa que vienen siendo procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Fueron 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.
Votaron a favor Fernando Rospigliosi, Luis Aragón, Martha Moyano, Patricia Juárez, Nilza Chacón, Rosangella Barbarán, Juan Lizarzaburu, Elías Ávalos, Alejandro Muñante, Noelia Herrera, José Williams, Alejandro Cavero, Jorge Morante, Gladys Echaíz y Alfredo Azurín.
En tanto, votaron en contra Heidy Juárez, Isaac Mita, Víctor Cutipa, Alex Flores, Ruth Luque y Flavio Cruz. Se abstuvieron Wilson Soto, Segundo Quiroz y Alex Paredes.
Ahora, el dictamen será elevado al Pleno del Congreso para su debate y votación. De exonerarse los trámites necesarios, la iniciativa podría ser evaluada por el Pleno antes que acabe la presente legislatura el próximo domingo 15 de junio.
¿Qué dice la propuesta de amnistía?
La iniciativa busca beneficiar a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa que enfrentan denuncias, investigaciones, procesos judiciales o incluso sentencias firmes por crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, excluyendo únicamente a los acusados de terrorismo o corrupción.
Este proyecto ha generado una fuerte oposición de fiscales, expertos legales y defensores de derechos humanos, quienes advierten que podría perpetuar la impunidad, vulnerar tratados internacionales y dejar a las víctimas del conflicto armado sin justicia.
La propuesta de amnistía pretende cerrar procesos penales relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, catalogadas por el Ministerio Público como “ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Según los promotores, esta medida responde a la necesidad de resolver casos prolongados, argumentando que algunos procesos han excedido un “plazo razonable”. Sin embargo, los opositores rechazan esta justificación.
El abogado Omar Cairo, en representación del Poder Judicial, sostiene que “el remedio adecuado para la violación del derecho al plazo razonable es el habeas corpus, no una ley de amnistía” que busca “descriminalizar conductas repugnantes”. La amnistía, afirman, no es adecuada para crímenes de esta magnitud, especialmente en un contexto donde no se busca pacificar una guerra civil activa.
La fiscal Diana Paico, de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, alerta que la iniciativa “violentaría el derecho al debido proceso, a la verdad y a la justicia de las víctimas”. Paico cita precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Barrios Altos, que declara que “las leyes de amnistía general que impidan la investigación, procesamiento o sanción de graves violaciones a los derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana y carecen de validez jurídica”. Aprobar esta ley, advierte, expondría al Perú a sanciones internacionales, comprometiendo su compromiso con los tratados ratificados desde 1981.
La Defensoría del Pueblo, en su postura inicial, subraya que una amnistía debe responder a “situaciones excepcionales” y respetar “criterios de proporcionalidad y razonabilidad”, o será “inválida por inconstitucional”. Aníbal Quiroga León, del Consejo Consultivo de la Comisión, refuerza esta crítica, calificando la propuesta como “jurídicamente inviable” por contravenir los compromisos internacionales del Perú. Sin embargo, luego el adjunto Carlos Fernández Millán expresó su apoyo al proyecto, contradiciendo el informe inicial.
Los opositores enfatizan que la amnistía no solo perpetuaría la impunidad, sino que abandonaría a las víctimas y sus familias, negándoles justicia por crímenes documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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