Una de cada tres escolares en Perú falta a clases por menstruar: el Estado sigue ausente

En el marco del Día Mundial de la Salud y Dignidad Menstrual, Naciones Unidas alertó que en Perú una de cada tres estudiantes falta al colegio durante su periodo. Esta alarmante cifra no solo evidencia una barrera física, sino una desigualdad estructural que vulnera derechos fundamentales de niñas, adolescentes y personas menstruantes en situación de vulnerabilidad, según World Vision.

Para Lía Zevallos Malásquez, maestranda en psicología comunitaria y activista afroperuana, esta realidad pone en cuestión la garantía del derecho a la educación en el país. “La educación en el Perú todavía sigue siendo un privilegio. Una niña que falta a clases por menstruar no solo pierde aprendizajes, también pierde confianza y autonomía. Menstruar se convierte en un obstáculo para ejercer derechos, y eso es una forma de violencia silenciosa y estructural”, afirmó en declaraciones para Infobae Perú.

El ausentismo por razones menstruales se agudiza en contextos rurales, amazónicos, afrodescendientes y en zonas de pobreza extrema. “¿Quiénes son las más afectadas? Las que no pueden comprar una toalla higiénica porque no tienen recursos. Eso perpetúa desigualdades históricas. Este círculo de exclusión se reproduce de generación en generación”, señaló Zevallos.

Aunque en marzo de 2021 se aprobó la Ley n.º 31148 —»Ley que promueve y garantiza el manejo de la higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres vulnerables»—, hasta la fecha no ha sido reglamentada por el Ministerio de Salud ni por el Ministerio de Educación. La norma, que convirtió al Perú en uno de los pocos países de Latinoamérica en reconocer el derecho a la salud menstrual, declara de interés nacional el acceso universal, igualitario, gratuito y progresivo a productos de gestión menstrual para quienes se encuentren en situación de pobreza.

También contempla la supervisión de los materiales utilizados en estos productos y la creación de un Observatorio de Gestión Menstrual para producir datos e información científica que oriente las políticas públicas en esta materia. Sin embargo, al no contar con reglamento, su implementación es nula.

Para Zevallos, esta falta de acción estatal representa un abandono institucional. “Es un saludo a la bandera. El Estado firmó un papel, pero no mueve ni un sol para asegurar una gestión menstrual digna. Eso es violencia estructural. Es como decir que este problema es individual, cuando en realidad es colectivo y sistémico”, denunció.

Además del abandono estatal, Lía Zevallos remarca que el estigma sobre la menstruación sigue vigente y afecta el bienestar emocional de niñas y adolescentes. “Menstruar duele, y no solo duele el cuerpo, también la dignidad. Que te manches, que se burlen, que tengas que esconder tu toalla higiénica... todo eso te genera vergüenza y soledad”, expresó. La activista también identificó prácticas comunes que refuerzan estos prejuicios: “Desde no poder barrer o lavarse la cabeza hasta esconder las toallas en bolsas negras. Todo eso refuerza la idea de que menstruar está mal”.

Finalmente, Zevallos planteó tres urgencias que el Estado debe atender de inmediato: reglamentar y asignar presupuesto a la Ley n.º 31148, distribuir productos menstruales gratuitos en colegios y comunidades vulnerables, y capacitar a docentes y familias en educación menstrual desde un enfoque de género y derechos humanos.

“Fomentar la educación menstrual en los colegios puede garantizar sociedades más libres de estigmas. Las niñas que crecen con un concepto más digno de la menstruación construirán una sociedad más justa. Eso es reivindicación”, concluyó.