PJ dicta detención preliminar contra ocho presuntos miembros de ‘Los sicarios de Cuchillo’ por masacre en Pataz

El Poder Judicial dictó detención preliminar por un periodo de siete días contra ocho sujetos señaladas como presuntos miembros de la organización criminal “Los Sicarios de Cuchillo”. Según la resolución judicial, esta medida responde a su presunta implicación en el asesinato de 13 trabajadores de seguridad en una bocamina en el distrito de Pataz, región La Libertad. La decisión fue adoptada tras el pedido de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, que viene investigando el violento suceso ocurrido hace poco más de un mes.

Los detenidos fueron intervenidos en el marco de operativos policiales realizados en el anexo de Pueblo Nuevo. De acuerdo con el auto judicial, los sospechosos habrían estado involucrados en acciones que culminaron en la masacre de las víctimas.

Delitos imputados

Las medidas judiciales adoptadas tienen relación con presuntos delitos de tenencia ilegal de explosivos, armas de fuego y municiones, así como su presunta participación en un contexto de organización criminal. Las acciones fiscales y policiales giraron en torno a dos diligencias específicas en la provincia de Pataz, orientadas a recabar pruebas y capturar a los posibles implicados tras la identificación de su presunto vínculo con el secuestro y asesinato múltiple.

En el operativo realizado, las fuerzas del orden intervinieron domicilios donde se hallaron armas de fuego, municiones y material asociado a actividades delictivas. La Fiscalía precisó que la detención se realizó en flagrancia y se dispuso la continuación de las investigaciones para profundizar la responsabilidad penal de los intervenidos en relación al homicidio de los trabajadores de seguridad minera.

Identidad de los detenidos

Las investigaciones realizadas tras el caso ocurrido en la bocamina de Pataz permitieron identificar y detener a ocho presuntos integrantes de la organización conocida como “Los Sicarios de Cuchillo”. Entre los aprehendidos se encuentran:

• Ever Yapapasca Aguilar, alias “Chimbotano”
• Cosme Cubas Pérez, conocido como “Tapullima” o “Marino”
• Elias Siccha Blas, “Cojo Aquiles”
• Erick Estrada Solano, “Chamaco”
• Jeferson Medina Muñoz, “Gato”
• Luis Celis Morí, “Charapo”
• David Islado Saavedra
• Carlos Valle de La Cruz

De acuerdo con las autoridades, todos fueron detenidos bajo la acusación de estar involucrados directamente en el secuestro, tortura y posterior asesinato de los 13 agentes de seguridad minera. Las pesquisas los sindican como miembros de una presunta banda criminal vinculada al uso ilegal de explosivos y armas de fuego en actividades minera ilícitas en la zona.

Operativos y hallazgos realizados en Pataz

La captura de los sospechosos se produjo durante el operativo Apocalipsis II, ejecutado por las fuerzas del orden en la localidad de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz. Durante la intervención, los agentes ingresaron a un domicilio señalado por las pesquisas y de allí incautaron objetos catalogados como relevantes para la investigación fiscal.

Asimismo, en una segunda diligencia, el fiscal Enrique Valverde Cabrera logró el mandato judicial de detención preliminar para Manuel Tacanga. Esta intervención se efectuó en una labor minera de alrededor de 1.500 metros cuadrados, donde las autoridades encontraron un fusil, municiones, cartuchos y explosivos que también fueron decomisados por los equipos encargados del caso.

Fiscalía sigue con la investigación

Las diligencias continuarán bajo guía de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, en coordinación con la División de Investigación Criminal (Depincri) de Huamanchuco, la Comisaría de Chagual–Pataz y el Comando Militar desplegado en la zona.

El fiscal a cargo dispuso que todas las evidencias sean analizadas conjuntamente y que el personal de las diferentes instituciones actúe en coordinación para garantizar la ejecución de diligencias urgentes y la protección de los elementos probatorios. En ese sentido, las investigaciones seguirán su curso en estrecha relación con las fuerzas del orden, con el objetivo de determinar la responsabilidad individual de cada implicado y esclarecer la estructura del grupo delictivo señalado en el expediente judicial.