En Perú, los ciudadanos confían más en las empresas que en su gobierno y las ONG

El reciente informe Edelman Trust Barometer 2025 revela una profunda crisis de confianza institucional en Perú. Con un índice promedio de solo 37 puntos, el país comparte el último puesto en un estudio global que mide la percepción pública sobre la confiabilidad de empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación y gobierno en 29 países. A pesar de este bajo nivel general, las empresas son las únicas instituciones que mantienen un nivel relativo de credibilidad, con un 51% de confianza, muy por encima del gobierno que apenas alcanza un 21%, seguido por las ONG (39%) y los medios (36%), que también enfrentan altos niveles de escepticismo.

Este escenario muestra además una marcada disparidad según el nivel socioeconómico: mientras los ciudadanos con mayores ingresos otorgan un 64% de confianza a las empresas, aquellos con menores recursos bajan esta percepción a un 40%. Esta brecha se replica, aunque en menor medida, en las demás instituciones evaluadas. El estudio también refleja un sentimiento generalizado de desconfianza hacia los líderes, con un 82% de los peruanos convencidos de que los funcionarios gubernamentales mienten deliberadamente, una percepción similar para los líderes empresariales y periodistas.

Un país marcado por la sensación de injusticia

La investigación evidencia que el 80% de la población experimenta un alto o moderado sentimiento de agravio, la tasa más elevada a nivel mundial. Los peruanos perciben que tanto las empresas como el gobierno favorecen a unos pocos privilegiados, mientras la mayoría queda rezagada. En este contexto, solo un tercio confía en que la próxima generación tendrá mejores condiciones que la actual, reflejando un pesimismo significativo. Quienes se sienten más agraviados son también quienes desconfían con mayor intensidad de las instituciones y poseen una visión polarizada donde el progreso de otros se interpreta como una pérdida personal.

Esta frustración social genera, además, cierta tolerancia hacia formas de activismo agresivo, con un 27% de los encuestados que apoya algún tipo de acción disruptiva para impulsar cambios, llegando a un 33% en los jóvenes adultos, aunque en este grupo la aprobación es relativamente baja en comparación con otros países de la región.

Expectativas y demandas hacia las empresas

A pesar del contexto adverso, la sociedad peruana mantiene altas expectativas sobre el papel social de las empresas. Un 83% espera que las compañías generen empleos dignos en sus comunidades, mientras que el 79% cree que deben responsabilizarse por capacitar o actualizar a sus trabajadores para afrontar los cambios del mercado laboral. Además, tres de cada cuatro personas consideran legítimo que los directivos empresariales se pronuncien sobre problemáticas sociales que impacten a sus empleados, clientes o zonas de influencia.

El estudio identifica varias áreas críticas donde la ciudadanía —especialmente quienes más se sienten agraviados— demanda mayor compromiso empresarial: garantizar precios justos, combatir la discriminación, enfrentar el cambio climático, frenar la desinformación y fomentar el reentrenamiento laboral. Como señala Carolina Palacios, gerente general de Edelman Perú, “Cuando la confianza aumenta, el sentimiento de agravio disminuye y las personas recuperan el optimismo sobre su futuro económico”.

Sectores y líderes que generan confianza

Entre los sectores con mejor reputación se encuentran Tecnología (69%), Energía (64%), Alimentos y Bebidas (63%), Hospitalidad (62%) y Manufactura (62%), todos superando el umbral que indica confianza. En cuanto a las personas que inspiran credibilidad, los científicos y docentes lideran con 69% y 60%, respectivamente. Los propios directivos de las empresas obtienen una aceptación neutral, con un 52% de confianza entre sus empleados, pero los CEOs en general tienen solo un 42%. Por su parte, periodistas y líderes gubernamentales son los menos confiables, con apenas 33% y 16%.

Este panorama enfatiza la necesidad de que las instituciones canalicen sus mensajes a través de voceros con alta credibilidad técnica y social, lo que podría ayudar a reconstruir la confianza pública en un país que enfrenta una profunda fractura institucional.