El Congreso de la República rechazó la solicitud del Ministerio Público. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, descartó atender el pedido de reconsiderar el archivamiento de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el “caso Rolex”, basado en acusaciones de cohecho pasivo impropio.
En declaraciones a la prensa, la integrante de Alianza para el Progreso (APP), declaró que “es un tema ya cerrado” e invocó a la Fiscalía de la Nación a respetar sus decisiones. “Nosotros somos un Estado independiente y esperamos que la Fiscalía nos respete. Así como nosotros no nos metemos con la Fiscalía o Poder Judicial, pidiéndoles que anulen o reconsideren sus resoluciones. Pido que la Fiscalía pueda respetar los poderes del Estado”, manifestó.
Acuña también se refirió a las posibles nuevas denuncias contra Boluarte, indicando que cada una sería evaluada individualmente por la subcomisión. No obstante, aclaró que “si son denuncias por los mismos motivos, pues se acumulan”. Asimismo, rechazó enérgicamente las acusaciones de blindaje político, argumentando que los congresistas de diferentes bancadas, no solo el APP, votaron a favor de archivar.
La decisión del Congreso de archivar la denuncia fue confirmada tras una votación en la que participaron varias bancadas políticas. Los partidos Fuerza Popular, APP y Acción Popular votaron a favor de ratificar el archivo, mientras que partidos opositores como Perú Libre y Juntos por el Perú votaron en contra.
A través de un comunicado público, el Ministerio Público argumentó que el archivo del caso fue producto de “graves vicios procesales” y solicitó la nulidad de las acciones parlamentarias, alegando que la inmunidad presidencial no debería actuar como un escudo contra la justicia.
“Si el artículo 117 impedía continuar con la acusación, el trámite parlamentario debió suspenderse desde un inicio. Sin embargo, se sustanció todo el procedimiento y recién al final se invocó dicho artículo, generando un doble estándar. Esta inconsistencia fue advertida oportunamente por el Ministerio Público en la sesión del 18 de marzo de 2025, sin que se resolviera nuestro cuestionamiento”, alegaron.
Según la Fiscalía, el Parlamento no evaluó los elementos que demostrarían que Dina Boluarte cometió el delito “ni consideraron el interés público comprometido”, por lo que pidieron reconsiderar el archivo y postergar el trámite “a efectos de evitar la impunidad, asegurando que los hechos graves atribuidos a la presidenta de la República, como el delito denunciado, puedan ser revisados y sancionados en el momento oportuno, sin que la inmunidad temporal se convierta en un blindaje permanente”, sentenciaron.
Al respecto, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, cuestionó la validez de dicho petitorio al decir que no existe un procedimiento como el que plantea el Ministerio Público. Desde un evento oficial, sostuvo que debido a la falta de reglamento al respecto, “es un asunto en el que el propio Congreso tendrá que aclarar y explicar, en el ámbito de sus competencias”.
¿Qué es el caso Rolex?
El escándalo surgió en marzo de 2024 cuando se revelaron imágenes de Boluarte usando lujosos relojes Rolex en eventos oficiales, sin haberlos registrado en su lista de bienes. En un principio, Boluarte afirmó que los relojes eran de su propiedad, pero luego admitió que eran préstamos de su amigo, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Al enfrentar las investigaciones, Boluarte reconoció que aceptar estos regalos había sido un error y aseguró que los mismos habían sido devueltos. Sin embargo, la fiscalía, liderada por el fiscal Juan Carlos Villena, consideró que estos regalos eran indicios de un posible enriquecimiento ilícito y una omisión en la declaración patrimonial.
En mayo de 2024, Villena presentó formalmente la denuncia por cohecho pasivo impropio, argumentando que los regalos del gobernador estaban destinados a influir en las decisiones presupuestales de Boluarte a favor de Ayacucho.
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