Más de 2 mil docentes denunciados por violación o terrorismo fueron impedidos de ser contratados

En un esfuerzo por garantizar la seguridad de los estudiantes en las instituciones educativas, el Ministerio de Educación (Minedu) impidió a 2.086 docentes en todo el país que accedan a plazas debido a investigaciones abiertas y procesos administrativos disciplinarios por delitos graves, como violación y terrorismo. Esta medida parte del cumplimiento de la Ley 29988, la cual establece disposiciones extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas.

Como se sabe, dicha normativa alcanza a todos los que hayan sido denunciados en sus modalidades agravadas o el grado tentativas por los delitos de terrorismo y apología al terrorismo; violación de la libertad sexual e indemnidad sexual; proxenetismo; pornografía infantil; proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos; trata de personas; explotación sexual; esclavitud; tráfico ilícito de drogas; homicidio doloso; parricidio; feminicidio; sicariato; secuestro; delitos contra la humanidad (genocidio, desaparición forzada y tortura), y delito de violación de la intimidad, por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual.

La cartera informó que la separación preventiva y definitiva anunciada se implementó desde abril de 2024 y que en la actualidad se ha dispuesto el ‘bloqueo’ de 2086 docentes, de los cuales 469 pertenecen a Condorcanqui, en Amazonas, y son investigados por el delito de violación sexual y otros; mientras que de un total de 760 docentes y administrativos, 772 (665 docentes y 107 administrativos) tienen condenas o procesos por violación a la libertad sexual; 63 (52 docentes y 11 administrativos) por terrorismo y apología del terrorismo, y 22 (18 docentes y 4 administrativos) por tráfico ilícito de drogas.

“El objetivo es que las escuelas sean lugares seguros para que nuestros niños y jóvenes estén libres de todo peligro que amenace su integridad física y espiritual”, indicó al respecto el titular del Minedu, Morgan Quero.

Cabe mencionar que es justo el ministro de Educación el que fue denunciado por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República por presunta discriminación. La demanda, que también se extiende a Ángela Hernández en su condición de extitular del Ministerio de la Mujer, se debe a las declaraciones que habrían promovido la exclusión y desvalorización de los menores de las comunidades nativas Awajun y Wampis en la provincia de Condorcanqui.

La denuncia, formulada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, se basa en expresiones en un contexto donde se reportaron al menos 524 casos de violencia sexual cometidos por docentes contra escolares en la provincia de Condorcanqui.

Entonces, el ministro sugirió en el canal estatal TV Perú que las agresiones sexuales contra niñas de la comunidad awajún podrían ser consideradas una “práctica cultural” en las regiones amazónicas. Aunque ante la ola de comentarios optó por disculparse, no fue la única vez que sus expresiones lo pusieron bajo el foco público. De hecho, a sus denuncias se suma una formulada el pasado 7 de mayo, la Fiscalía por llamar “ratas” a muertos en protestas.

El fundamento se remonta a una entrevista, donde una periodista de La República abordó a Quero al finalizar la actividad oficial para consultarle: “Ayer fue el Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué el gobierno no se ha pronunciado sobre los cincuenta fallecidos en las protestas?“. A lo que el titular del Minedu respondió: “Los derechos humanos son para personas, no para las ratas”.

Tras la ola de críticas,Morgan Quero alegó que en realidad se refería a los violadores de menores de edad (en ese momento la presidenta Dina Boluarte proponía la pena de muerte para estas personas). Incluso, acusó a la reportera de no haber realizado una pregunta clara. No obstante, el Ministerio Público consideró pertinente abrir investigación.