Ositrán: tarifa TUUA de transferencia que cobrará LAP para escalas en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez es rechazada por aerolíneas

El cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) para pasajeros en tránsito en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) ha generado gran controversia debido a su implementación y los servicios que incluye. Según informó Ositrán, el organismo regulador encargado de supervisar la infraestructura de transporte de uso público en Perú, esta tarifa debía aplicarse a partir del inicio de operaciones del nuevo terminal, previsto para el 30 de marzo de 2025, en función a 25 servicios específicos para los pasajeros en conexión, menos que los 32 servicios ofrecidos a quienes embarcan directamente en Lima.

De acuerdo con un comunicado de Ositrán, la TUUA de transferencia fue establecida en la Adenda N° 6 del contrato de concesión firmado en 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP). Esta tarifa se fijó tras un procedimiento tarifario iniciado en junio de 2024 y concluido en marzo de 2025, el cual incluyó una audiencia pública y la publicación de los criterios técnicos y económicos utilizados para su cálculo. Los montos máximos aprobados son de 11,32 dólares para pasajeros en vuelos internacionales y 7,07 dólares para vuelos nacionales.

• US$11,32 por pasajero en vuelos de transferencia internacional.
• US$7,07 por pasajero en vuelos de transferencia nacional.

Congreso busca anular TUUA de transferencia, pese a que figura por contrato

El congresista Wilson Soto Palacios, autor del Proyecto de Ley N.° 10911 que busca eliminar el cobro de la TUUA a pasajeros en tránsito nacional, ha cuestionado la legalidad de este cobro. Soto remitió un oficio a la Contraloría General de la República solicitando una intervención urgente por presuntas irregularidades en la suscripción de la sexta adenda del contrato de concesión. Según el legislador, esta tarifa constituye una forma encubierta de tributo inconstitucional y representa un abuso contra los ciudadanos, ya que los pasajeros en tránsito no solicitan ni reciben servicios adicionales.

En respuesta a las críticas, Ositrán aclaró que la TUUA de transferencia se calcula en función de los costos reales de los servicios utilizados por los pasajeros en conexión. Entre los servicios incluidos se encuentran el transporte entre el avión y el terminal, el despacho de equipaje, las salas de espera, la iluminación, las comunicaciones, la información de vuelos, la atención médica, los servicios higiénicos y la seguridad. Además, el organismo destacó que tarifas similares existen en otros países como Alemania, Brasil, Francia e Italia.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: aerolíneas tampoco quieren TUUA de transferencia

La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, señaló en declaraciones a RPP Noticias que el cobro de la TUUA de transferencia debería aplicarse desde el inicio de operaciones del nuevo terminal. Sin embargo, hasta el momento no se ha definido cómo se implementará este cobro. Según Zambrano, las aerolíneas necesitan al menos 105 días para incluir el monto en los pasajes aéreos, aunque han solicitado 21 días adicionales para completar el proceso, lo que retrasaría el inicio del cobro hasta septiembre de 2025.

Zambrano también indicó que las aerolíneas han presentado un recurso de reconsideración contra la aplicación de esta tarifa, aunque mantienen conversaciones con LAP para definir la modalidad de cobro. La titular de Ositrán destacó que los pasajeros en tránsito contarán con servicios exclusivos, como salas de espera dedicadas, lo que mejorará su experiencia en el aeropuerto y evitará situaciones como las que se observan actualmente, donde algunos viajeros duermen en bancas.

El procedimiento para la aprobación de la tarifa enfrentó complicaciones debido a la falta de quórum en el Consejo Directivo de Ositrán desde octubre de 2023. Ante esta situación, la tarifa fue aprobada por la Presidencia Ejecutiva del organismo mediante un mecanismo de emergencia previsto en el Reglamento de Organización y Funciones. Según Ositrán, no fijar la tarifa a tiempo habría significado un incumplimiento del Estado peruano, lo que podría haber generado consecuencias económicas.